La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), que preside el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recibió, de parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los estados financieros auditados y los informes de avances académicos 2023 de las universidades públicas estatales.
En el acto de entrega-recepción, realizado en la sede de la ASF, ubicada al sur de la Ciudad de México, el diputado Herrera Borunda resaltó que la reunión de trabajo –convocada también por las comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados– es un ejercicio de responsabilidad y transparencia fundamental para garantizar que los recursos públicos destinados a la educación superior sean utilizados de manera efectiva en beneficio de la juventud y de la nación.
Estos documentos, dijo, no solamente cumplen con los mandatos establecidos en la ley, sino que representan un compromiso ético y asegurar que cada peso invertido en nuestras universidades tenga un impacto real en la formación de futuros líderes, científicos y ciudadanos.
La ANUIES, indicó, como articuladora de estas instituciones superiores de educación, tiene la responsabilidad histórica de garantizar que las universidades no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que anticipen y lideren la transformación del país y de la sociedad.
Precisó que en la Comisión y en la ASF, a través de este ejercicio, “actuamos como vínculos con la ciudadanía, que siempre está atenta y crítica al destino de los recursos. Desde la Comisión reafirmamos el compromiso para trabajar juntos para garantizar que los recursos públicos destinados a la educación superior se utilicen con eficacia, claridad y rigor”.
En tanto, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, destacó la importancia de la relación de las y los rectores de las universidades públicas estatales con la Cámara de Diputados, particularmente con las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia.
Precisó que cada peso de orden federal que reciben las universidades públicas debe ser vigilado y visto como la inversión que hace el pueblo de México para fortalecer la educación superior, porque significa seguir transformando al país y que esos recursos se gastan de manera eficiente, responsable y con apego a las normas.
Refirió que la relación con las universidades estatales y tecnológicos ha sido muy amplia e intensa; no solamente han permitido hacer nuestro trabajo de fiscalización, sino también han apoyado con la capacitación necesaria y el trabajo conjunto. Se han tenido reuniones y los resultados han avanzado, cada vez es más transparente el manejo de los recursos por parte de las universidades.
Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, precisó que, de manera sistemática, cada año, se auditan a las 35 universidades públicas estatales. No hay excepción y se les audita todo su recurso federal; inclusive, ahora en un nuevo modelo que se llama auditorías integrales.
Recordó que al inicio de esta gestión únicamente se auditaban a las universidades públicas estatales y se dejaba de lado a todo un conjunto de instituciones de educación media y media superior que también reciben subsidio federal, tales como institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas, colegios de bachilleres, institutos de capacitación para el trabajo. “Todo este sector de educación no había sido auditado jamás y ahora ya se tiene el acompañamiento también con estas otras instituciones”.
El secretario ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, sostuvo que en cumplimiento de la obligación que tienen las universidades públicas con la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que les otorga el pueblo México, esta entrega de estados financieros e informes de avances académicos es una forma de evidenciar el trabajo que se hace para garantizar el derecho de las y los mexicanos a recibir una educación de excelencia comprometida con el bienestar y el desarrollo social del país.
Las universidades, agregó, no solamente forman profesionales; contribuyen también de diversas formas a la atención de las necesidades de las comunidades en las que están insertas, así como al desarrollo regional y nacional de nuestro país. A través de la investigación que realizan, las instituciones de educación superior representan la amplificación de las políticas públicas en áreas de importancia social como es el caso de la salud, producción de alimentos, preservación del medio ambiente, entre otros.
Aclaró que desde 2023 el presupuesto de las universidades públicas estatales se ocupa en mucho más que solamente el pago de la nómina y ha estado ligado al compromiso de llevar a cabo acciones en materia de cultura de paz, prevención de todos los tipos y modalidades de violencia, con énfasis especial en la violencia de género, así como en acciones destinadas a la sostenibilidad ambiental.
Sin duda, el financiamiento que se otorga a las universidades es devuelto con un gran valor agregado, pues más que un gasto se trata de una inversión de alto valor para nuestro país, puntualizó.
Carmen Rodríguez Armenta, encargada de despacho y directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, señaló que en el Gobierno Federal sabe que la transparencia y rendición de cuentas es uno de los ejes rectores de la sociedad mexicana, y por ello se pronunció por que las y los universitarios también se formen en la cultura de la transparencia, no solo como profesionistas sino como ciudadanos
Destacó que no se puede borrar del imaginario colectivo los actos de corrupción en que incurrieron autoridades universitarias en el pasado, y derivado de ello en los últimos seis años los rectores han hecho un “apretón de cinturón” para suprimir gastos superfluos, de tal manera que los recursos sean solo para funciones sustantivas, “y en ese sentido yo quisiera reconocer que ustedes como titulares han ejercido un liderazgo para un cambio cultural y estar cercanos a sus comunidades”.
La funcionaria federal indicó que es necesario que las diputadas y los diputados se den cuenta que se debe incrementar el presupuesto para las universidades públicas a fin de incrementar la matrícula de estudiantes. Asimismo, indicó que hay gobiernos estatales que no han entregado a las universidades autónomas de sus estados recursos que ascienden a más de tres mil 300 millones de pesos, que es dinero que la Federación entregó puntualmente.
En su oportunidad, rectores de cinco universidades públicas estatales y representantes de los consejos regionales de la ANUIES, expusieron problemáticas y retos que enfrentan. Solicitaron a las y los diputados incrementar el presupuesto para las universidades y que los recursos lleguen de forma directa a las casas de estudio; es decir, sin intermediación de los gobiernos estatales.
Norma Liliana Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, y representante del Consejo Regional Centro-Occidente, resaltó que se han generado sinergias importantes con la ASF, la SEP, la ANUIES y las universidades a fin de corregir distintas observaciones de la ASF. Puntualizó que siguen en el camino de la rendición de cuentas, la sistematización y transparencia porque ello da certeza y confianza de que los recursos asignados están siendo bien invertidos.
A su vez, Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y representante de la Región Centro-Sur, resaltó el papel de las escuelas de educación superior estatales en el desarrollo social, económico y tecnológico. Además de que son espacios de la cultura de paz y la no violencia, representan casi el 50 por ciento de las investigaciones. Subrayó la necesidad de un presupuesto adecuado y suficiente para “cristalizar los sueños y anhelos de las juventudes de nuestro país”.
Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, y representante del Consejo Regional Sur-Sureste, pidió que se mejoren las condiciones laborales de los profesores. Advirtió que existen 13 mil docentes que están en la categoría de no reconocidos en el Convenio de Apoyo Financiero y 50 mil sin plaza y son contratados por horas o asignatura, por lo que “así como salieron 10 millones de personas de la pobreza extrema, también podemos generar condiciones favorables para generar más plazas que han estado estancadas”.
El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Luis Enrique Palafox Maestre, y representante del Consejo Regional Noroeste, afirmó que este evento da cuenta del uso responsable de los recursos públicos asignados a los institutos estatales de educación superior. Solicitó al Legislativo realice acciones para que los recursos que asigna la Federación lleguen directo a las universidades y sin intermediarios.
Por su parte, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, representante del Consejo Regional Noreste, afirmó que las escuelas de educación superior albergan la esperanza de la juventud de México, pero también han heredado problemáticas complejas. Subrayó que estas casas de estudio han colaborado en todo lo que está en sus manos para ser auditadas por la ASF, pues comparten la visión de la trasparencia, la rendición de cuentas, así como del ejercicio correcto y eficiente de los recursos públicos.