México atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional que incrementa los desafíos relacionados con la salud, la discapacidad, el aislamiento social y la seguridad económica de las personas adultas mayores.
De acuerdo con estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 las personas de 60 años y más representaban 15.1 por ciento de la población mexicana. Esta proporción refleja el crecimiento de este sector en el país.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) apuntan a que el envejecimiento demográfico continuará durante las próximas décadas. Para 2050, se estima que las personas adultas mayores representarán una proporción considerablemente mayor de la población, lo que aumentará la demanda de servicios médicos, cuidados y mecanismos de protección social.
Uno de los principales desafíos está relacionado con la salud y la discapacidad. Según datos del Inegi correspondientes a 2024, México tenía 9.5 millones de personas con discapacidad, de las cuales 50.9 por ciento tenía 60 años o más. Esta situación representa mayores necesidades de atención, accesibilidad y asistencia para realizar actividades cotidianas.
A las dificultades de salud se suman las condiciones económicas. No todas las personas adultas mayores cuentan con una jubilación o pensión contributiva suficiente para cubrir sus gastos, por lo que algunas dependen de familiares o de apoyos gubernamentales para solventar necesidades básicas.
En materia de protección social, el Gobierno federal mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más. En septiembre de 2026, el Gobierno informó que más de 13.7 millones de personas recibían este apoyo, con un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales.
El envejecimiento también plantea retos en el ámbito familiar y comunitario, particularmente para quienes viven solos o tienen redes de apoyo limitadas. La atención a esta población requiere servicios de salud, sistemas de cuidados y medidas que favorezcan su autonomía, participación social y acceso a ingresos suficientes.
El crecimiento de la población adulta mayor representa así un desafío para las instituciones públicas y la sociedad, ante la necesidad de garantizar condiciones dignas de vida durante la vejez.