Los movimientos sociales más emblemáticos de nuestra nación han tenido como telón de fondo sendos procesos de reconciliación.
Hace aproximadamente dos siglos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, principal Jefe de las Fuerzas Insurgentes y Comandante en jefe del Ejército del Sur de la Nueva España, respectivamente, sellaron el Pacto de Alianza por la Independencia con el llamado Abrazo de Acatempan, contribuyendo al término del levantamiento beligerante iniciado por Miguel Hidalgo y poniendo punto final a la etapa más cruenta de purgas, exclusiones y disensos armados entre los grupos insurgentes y el bando realista.
Poco más de un siglo después, el General Lázaro Cárdenas fue protagonista de otro profundo proceso de reconciliación, que retomó las causas originales del movimiento revolucionario, así como las expresiones sociales y políticas que pugnaban por un cambio de régimen, y procedió a la conformación de un ambicioso proyecto político que logró congeniar las expectativas de diversos grupos revolucionarios e incluyó las demandas campesinas, obreras y de clases medias emergentes que habían sido ignoradas hasta ese momento.
Como irónico preludio del movimiento revolucionario, dos meses antes del estallido social (el 15 de septiembre de hace un siglo), Porfirio Díaz llevó a cabo una serie de representaciones históricas de burlesque, en el desfile de carros alegóricos de la “unidad nacional”, apelando al redituable culto a los héroes, a la historia de bronce que subyace en todos los panteones oficiales, donde los adversarios históricos transforman sus disputas terrenales en paz y sosiego.
El aforismo “orden, paz y progreso” daba un sentido legitimador a la administración del General oaxaqueño y, a su vez, constituía la base teleológica de los festejos por el Centenario de la Independencia. Sin embargo, el desfile de la “unidad nacional”, así como otras actividades de conmemoración, no significaron mucho más allá que un acto oficial.
La pretendida reconciliación debía ser integral, pues la verdadera reconciliación de la nación implicaba solucionar los grandes problemas económicos, sociales, educativos, culturales y de justicia, que ponen en riesgo la convivencia pacífica y armónica del país.
Esto último reviste una especial relevancia, en virtud de que en la 4T se reconoce la herencia de los postulados de los más grandes movimientos sociales del pasado.
Si bien no son nada desdeñables las lecciones en torno a la reconciliación histórica, ya que, en términos de Tomás Carlyle, el “espíritu”, “ánimo”, “naturaleza” o el conocimiento profundo del “alma” heroica de una nación, nos ponen en relación más íntima y clara con lo pasado, con nuestras propias y anteriores adquisiciones; todo lo pretérito implica la posesión de lo presente; lo anterior siempre tuvo algo de verdadero y constituye un dominio precioso.
En el escenario actual, la reconciliación política podría implicar una serie de reformas sustantivas o inclusive una nueva Constitución para el próximo siglo, que sea capaz de establecer las reglas fundamentales de convivencia de las mexicanas y los mexicanos en los diversos órdenes de la vida pública.
Por ejemplo, garantizar la calidad de las elecciones y disminuir su alto costo, así como mejorar la eficacia de la gestión de las autoridades electas; mantener y ampliar el núcleo básico de los derechos fundamentales, integrando derechos humanos de tercera generación (como el acceso a internet). Asimismo, tutelar los derechos medioambientales de las actuales y futuras generaciones, y garantizar el derecho al trabajo, conciliando el criterio de productividad con las garantías laborales ya reconocidas en la actual Constitución.
De la misma manera, abrir paso a formas semiparlamentarias o parlamentarias para agilizar y transparentar aún más la acción de gobierno; dar preeminencia al principio de seguridad ciudadana sobre el de seguridad del Estado, que actualmente prevalece; incorporar el principio de Federalismo Cooperativo sobre el de Federalismo Centralizado, que impera desde hace tiempo, y privilegiar los mecanismos de la Democracia Directa sobre los de la Democracia Representativa, limitando los efectos nocivos de la Partidocracia.
Una Constitución para los próximos cien años podría ser una buena manera de mantener vigente la demanda bicentenaria de Independencia y la aspiración centenaria de un país más justo y menos desigual.
La Reconciliación Social pasa por atacar los pendientes en materia de justicia social y acabar con la desigualdad en todas sus facetas: la pobreza y el atraso siguen tan vigentes como lo estuvieron en las revoluciones anteriores. México es un país con altos índices de pobreza, marginación y desigualdad, producto de la impostura neoliberal de las décadas pasadas.
Sin embargo, a la par del empobrecimiento de la población, se presentan coyunturas y fenómenos que contribuyen a despresurizar sus efectos sociales y económicos más subversivos: la emigración a los Estados Unidos; el crecimiento de la economía informal; la proliferación de la economía ilegal (desde el narcotráfico hasta la piratería) o el surgimiento de un sector de clase media urbana, que amortigua el contraste entre los extremos sociales.
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