Por: Jorge Herrera Valenzuela
Este comentario lleva dedicatoria para todos los dirigentes de Barras, Colegios, Asociaciones y Confederaciones de Abogados.
Ninguna voz se ha escuchado para opinar sobre las irregularidades del doble proceso penal instaurado en contra del ex director general de Petróleos Mexicanos, traído de España en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, no en línea comercial como se acostumbra realizar el traslado de los extraditados o deportados.
Emilio Ricardo Lozoya Austin permaneció seis meses en una prisión española, tras 14 meses de ser prófugo de la justicia mexicana.
Se negoció su llegada a México a tal punto que ni siquiera fue fotografiado al descender del avión militar. No lo llevaron al Reclusorio Norte, sino a un hospital privado, porque un médico oficial y otro particular (cuyos nombres se desconocen, los certificados deben estar en el expediente) diagnosticaron que debía ser atendido inmediatamente de anemia y de un problema en el esófago.
El Ministerio Público aceptó esa determinación.
El presunto responsable de diversos delitos federales simplemente no ha pisado la cárcel y no ocurrirá. Le colocaron un brazalete, le recogieron su pasaporte y la Visa, imponiéndole como “castigo” no salir de la Ciudad de México y de la zona conurbada.
Del Hospital Ángeles del Pedregal, en la oscuridad de una madrugada, salió hacia un domicilio, cuya ubicación no se revelará “por seguridad”. Ni siquiera los dos jueces fijaron una fianza, como tampoco hablaron de arresto domiciliario.
A ese último privilegio no puede acogerse el economista y abogado, porque apenas tiene 45 años de edad. Recuerdo que los dos casos más recientes beneficiaron al licenciado Luis Echeverría Álvarez y a la profesora Elba Esther Gordillo Morales, por ser mayores de 70 años.
El ex presidente fue procesado, sentenciado y exonerado. Además de cumplir con su arresto en casita. La profesora ha librado los tres juicios que le instruyeron y también tuvo autorización para recibir atención médica hospitalaria privada.
FACILIDADES NUNCA OTORGADAS.
Salvo que mi memoria falle, no encuentro antecedentes de que a un presunto presidiario le tuvieran tantas consideraciones por el solo hecho de acogerse a la nueva legislación penal, máxime que el escándalo es mayúsculo, traspuso las fronteras continentales.
Se habla de que en el caso del soborno propiciado por la empresa brasileña Odebrecht, Lozoya Austin no era funcionario. Sin embargo, como los millones de dólares se invirtieron en la campaña política electoral del candidato presidencial, apoyado por el PRI, hubo violación a la legislación en materia electoral.
Es el primer caso que se registra en los anales judiciales de que la persona vinculada a proceso penal rinda su primera declaración, empleando la moderna comunicación llamada “virtual”, es decir desde donde se encuentre el indiciado, cómodamente, puede responder a las preguntas del juzgador. En el asunto que nos ocupa, son dos procesos, dos jueces, dos Ministerios Públicos y el equipo de abogados defensores.
Bien, pero, además, desde el inicio ambos juicios son privados. No hay información oficial, sino únicamente lo que se comenta como sucedió en una “mañanera”, cuando el Presidente de México dijo que Lozoya Austin había dado nombres de involucrados en la red de corrupción. Todo quedó en palabras, como siempre, sin identificar a los corruptos.
Todas las facilidades, nunca antes otorgadas, demuestran que Emilio Ricardo Lozoya Austin mantendrá su libertad “con brazalete localizador”, continuará “firmando” el libro respectivo mediante el uso del correo electrónico, seguramente se evitará la ignominiosa ficha signalética de frente, de perfil derecho, de perfil izquierdo y un número a la altura del pecho. Obvio, no vestirá el uniforme destinado a los reclusos. No sabrá qué es la fajina y no probará la comida penitenciaría.
Con este caso, suman dos que no dejan nada bueno al Poder Judicial Federal. El de poner en libertad al hijo del narco “Chapo” Guzmán, por orden presidencial, y la protección al ex funcionario del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, misma que no le brindó a la ex perredista y ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, María del Rosario Robles Berlanga, huésped del penal de Santa Martha Acatitla.
Finalmente les comento que de doña Rosario, de los ex gobernadores Duarte, del abogado Juan Collado, se difundieron a granel las correspondientes fotografías, a raíz de su detención. ¿Por qué no hay una sola de Emilio Ricardo del 17 de julio a la fecha. Será cierto que no está en México y como leí en la columna “En Las Nubes” de mi colega Carlos Ravelo, Lozoya está en Canadá, ¿puede creer eso?
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿La Fiscalía General de la República permanecerá sin oponer recursos legales para encarcelar al corrupto peñanietista?
jherrerav@live.com.mx