Cuando el Presidente López Obrador presentó el llamado “Plan C” y pidió a la ciudadanía que votara el 2 de junio para ganar la Presidencia de la República, así como la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados, no fueron pocas las voces que señalaron que eso era imposible.
Se pronosticaba que MORENA pudiera refrendar la Presidencia, pero no que alcanzara mayoría calificada en el Congreso; incluso se dijo que podría retroceder en el número de Poderes legislativos locales a su favor, de Gubernaturas y de Municipios bajo su mando.
Y, como se dice: “¡toma, chango, tu banana!”, pues, además de la Presidencia, nuestro Movimiento obtuvo lo que nunca antes: la mayoría calificada en ambas Cámaras legislativas federales; la mayoría de los Congresos locales, de las Gubernaturas y de las Alcaldías con más de 100 mil habitantes. Fue un resultado avasallante, que no se veía desde las elecciones presidenciales de 1994. Hasta los mercados financieros mostraron un nerviosismo volátil transitorio.
El domingo emergió de las urnas una 4T recargada, con el mandato claro de seguir adelante con el Plan C, que consiste en impulsar cuatro reformas constitucionales clave: al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la Guardia Nacional y la energética, y del cual no se debe abjurar ni dar marcha atrás.
El Plan C dio un sentido plebiscitario, una “razón de ser” o un “motivo superveniente” a la elección más grande de la historia del país, en la que se definieron titulares para más de 20 mil cargos de elección popular. De esta manera, a la importancia cuantitativa ordinaria de los comicios del domingo, el Plan C les dio un sentido cualitativo inédito.
La importancia cuantitativa ordinaria de este proceso electoral no solo refrenda el voto de confianza concedido a la 4T en 2018 —que dio lugar al establecimiento del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, sino que renueva las expectativas en el mandato popular volcado en las urnas en aquellos históricos comicios.
Tales expectativas pasan por la firme convicción de proscribir la serie de irregularidades suscitadas en pasadas administraciones y que se han ido develando a lo largo del actual sexenio. Tropelías, abusos o atropellos que dan cuenta del grado de descomposición que permeaba en los actos de la élite política prianista, heredera del proyecto neoliberal iniciado en los años ochenta del siglo pasado.
La desbordante corrupción de los sexenios anteriores fue una de las principales banderas del líder moral del ahora avasallante partido mayoritario. No obstante, los medios de comunicación masiva otrora más dominantes decidieron callar, ignorar o incluso ocultar los saqueos de que era objeto el pueblo mexicano, así como los continuos escándalos de corrupción.
Esta serie de abusos fueron minimizados por los altos funcionarios de los gobiernos prianistas y encontraron un manto de impunidad entre integrantes del Poder Judicial; de ahí la importancia que le asiste a la reforma integral a los órganos jurisdiccionales, dentro del Plan C.
El último gobierno tricolor fue más allá en su labor por satisfacer las demandas de ciertos sectores con poderío económico. No solo caímos en cuenta de la adquisición de inmensas propiedades de manera ilegal —involucrando incluso al propio presidente de entonces— o la desaparición de cuantiosos recursos públicos, como lo demuestra el caso de la llamada “Estafa maestra”, sino que, además, se reformó nuestra Carta Magna con fines execrables, permitiendo el apalancamiento de los intereses privados en un sector fundamental para el desarrollo del país: el energético. Por ello fue necesario recoger el favor del electorado depositado en las urnas, para revertir esa traición histórica a la soberanía nacional y al dominio legítimo de los recursos estratégicos.
A una década del nacimiento del IFE (hoy INE) y del TRIFE (ahora TEPJF), en el año 2000 se dio por primera vez en siete décadas lo que erróneamente se pensó como transición política en la principal investidura del país. Y luego, seis años después, esas mismas instituciones validaron el fraude electoral, alineándose con los poderes fácticos para impedir la llegada del proyecto alternativo de nación.
A lo largo de los años, han sido numerosas las quejas y acusaciones en contra de altos funcionarios de esas instituciones, por actuar bajo consigna o incurrir en prevaricación, alineándose con los intereses de los grupos políticos dominantes y comprometiendo con ello los mismos principios constitucionales que les dieron origen: objetividad, imparcialidad, certeza, legalidad e independencia.
En consecuencia, desde diversos sectores de la sociedad mexicana, la actual Presidencia de la República y la mayoría en el Poder Legislativo se han emitido cuestionamientos al quehacer de esos y otros organismos constitucionales autónomos, respecto a que son altamente onerosos y poco transparentes, además de su acelerado degaste institucional, resultado de una mermada legitimidad.
En las elecciones parlamentarias (México es presidencialista, pero suele adoptar prácticas y ejercicios semiparlamentarios), se suele votar en el mismo sentido plebiscitario que vimos el pasado domingo. No solo son elecciones para renovar a personas funcionarias en cargos de representación popular, sino también para refrendar o cambiar la dirección de los gobiernos en turno. Se define la orientación del Parlamento y el rumbo del gobierno —un ejemplo de ello fue el Brexit—. Y el 2 de junio, en nuestro país, la 4T recibió un aval popular para seguir adelante sin titubeos, pero además obtuvo un “Sí” para construir el segundo piso de la Transformación, con base en las reformas constitucionales del Plan C.
Claudia Sheinbaum recibió más votos que el presidente López Obrador hace seis años, y duplica la diferencia entre el primero y el segundo lugar, lo que habla del “torque democrático” de arranque del próximo gobierno. De esta forma, la primera presidenta de México llega con la más amplia legitimidad de los últimos mandatarios del país, pero también con el umbral de la confianza bajo el brazo, además de los planos ya autorizados en las urnas, para seguir construyendo el segundo piso de la 4T. ¿Así o más contundente?
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