Columna de Hierro
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CUERNAVACA. MOR. 09 11 2026.- ¿Qué asunto de la Secretaría de Gobernación acordaron callar José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei? ¿Quiénes están metidos en el ajo?

La pregunta nace de un video difundido por Latinus. En él, Hernández Casillas dice que habían quedado en que no hablaría “de esto, de Gobernación” y remata: “Nadie sabe nada”. La grabación no revela a qué asunto se refiere ni identifica a todas las personas involucradas. Pero, junto a otro video donde el empresario asegura que guardaba declaraciones fuera de México, la frase suena a pacto de silencio y a advertencia. ¿Qué información podía comprometer a alguien?

Para entender la importancia de esa voz, hay que saber quién es Hernández Casillas. Según la cronología presentada por la Secretaría Anticorrupción, trabajó en los años 80 en el Registro Nacional de Población, dentro de Gobernación, como secretario particular del director Juan Carlos Padilla Aguilar. Después pasó al CISEN. Más tarde se convirtió en empresario electoral. La empresa Cartonera Plástica, vinculada a él, figura como proveedora desde 1999.

El vínculo profesional con Taddei tiene un antecedente concreto en Sonora. En 2021, cuando ella presidía el Instituto Electoral estatal, firmó con Hernández Casillas, representante de Cajas Graf, un contrato cercano a 46.9 millones de pesos por materiales electorales. Los videos difundidos después muestran la cercanía personal entre ambos. Eso exige escrutinio, aunque no prueba por sí mismo que la relación haya determinado contratos.

La red empresarial, según cifras presentadas por la Secretaría Anticorrupción, recibió 2 mil 94 millones de pesos en contratos de 23 organismos electorales locales entre 2015 y 2023. Para 2024 y 2025, la dependencia reportó otros 646.3 millones con 15 organismos. Son contratos de organismos locales; no deben confundirse con adjudicaciones hechas exclusivamente por el INE nacional.

El INE ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar sus adquisiciones de 2016 a 2026. No son sentencias, pero sí investigaciones institucionales que deberán llegar hasta donde conduzcan los documentos y las pruebas.

Morelos involucrado
En 2024, el IMPEPAC adjudicó por 36.77 millones de pesos a Litho Formas la impresión de boletas y materiales electorales. Cajas Graf, representada por Raymundo Hernández Casillas, participó en el procedimiento y presentó una precotización cercana a 80.7 millones, pero no ganó.

Una investigación periodística documentó que varias empresas relacionadas con el conglomerado compraron las bases y que solo Litho Formas presentó oferta. La entonces presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) declaró que el INE les había entregado una lista de proveedores considerados aptos, donde figuraban compañías del grupo. Esto no demuestra que 7el INE ordenara adjudicar el contrato; sí obliga a aclarar cómo se integró esa lista y cómo se evaluó la licitación.

Gobernadora Margarita González Saravia: en Morelos también hay preguntas que responder. El

IMPEPAC es autónomo; la exigencia no es que usted intervenga en sus decisiones, sino que reclame transparencia y pida a las autoridades competentes revisar el expediente. ¿Quién recomendó a esos proveedores? ¿Qué hizo el instituto con esa lista? ¿Se investigaron los vínculos entre las empresas que concursaron?

Y queda la pregunta que abrió esta historia: ¿qué asunto de Gobernación acordaron callar Taddei y Hernández Casillas, y quién más lo conoce? Sólo una investigación seria podrá responderla.
(Y voy por más).
eusebiogimeno@gmail.com