Por Eusebio Gimeno. – CUERNAVACA, MOR. 14 10 2026.- Resuelto el conflicto político y sindical que provocó la salida de Carlos Franco Ruiz de la dirección del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), la gobernadora Margarita González Saravia enfrenta ahora un reto mucho mayor: sanear una institución sobre la que pesan denuncias de corrupción acumuladas durante años, desde la venta de plazas y el manejo irregular de nóminas hasta presuntos despojos de prestaciones laborales a maestros jubilados.
El nombramiento de Jorge Alberto Trejo Chávez como encargado de despacho fue recibido favorablemente por los trabajadores. Conoce las entrañas del Instituto porque venía desempeñándose en el área de Planeación. Ahora tendrá que demostrar que también conoce sus enfermedades.
Y vaya que son muchas.
Una de las más graves es la presunta saturación de la nómina administrativa, alimentada durante años por directores que llevaron amigos, recomendados y protegidos políticos, o sea “aviadores”. Según señalamientos que deben ser auditados, esa plantilla rebasa hasta en 30 % las necesidades reales del organismo. Hay denuncias de personas que cobran sin desempeñar funciones efectivas.
Otra historia es la venta de plazas docentes. Durante la administración de Eliacín Salgado de la Paz se denunciaron asignaciones irregulares, favoritismos y desplazamientos de maestros con derechos adquiridos. Los señalamientos continuaron durante administraciones posteriores.
En este mercado negro, de acuerdo con testimonios de trabajadores, una plaza puede alcanzar precios superiores a los 300 mil pesos.
También debe investigarse una maniobra particularmente perversa: maestros de nuevo ingreso que, según las denuncias, eran engañados con la promesa de agilizar sus pagos. Les cambiaban las claves de plazas definitivas por nombramientos provisionales y, al terminar éstos, quedaban sin empleo. La plaza original podía terminar en manos de otra persona.
Los maestros jubilados tampoco se salvaron. Existen antecedentes de reclamaciones por primas de antigüedad no pagadas, cheques extraviados y denuncias sobre presuntas irregularidades con recursos provenientes de laudos laborales. Son asuntos que requieren revisar expedientes, sentencias, pagos y beneficiarios.
Y está el escándalo de los Certificados de Actualización Profesional utilizados para ascender en el escalafón magisterial. Se han denunciado constancias presuntamente expedidas sin acreditar los cursos correspondientes, algunas aceptadas en procesos anteriores y cuestionadas después.
La autoridad debe determinar cuántas fueron irregulares, quién las expidió, quién cobró por ellas y cómo consiguieron validación.
Las áreas de Personal, Jurídico y el sistema de carrera magisterial, conocido como USICAMM, requieren una revisión de fondo.
El Fiscal Anticorrupción Leonel Díaz Rogel tiene aquí una responsabilidad ineludible. El 26 de septiembre de 2025, agentes de esa Fiscalía intervinieron las instalaciones del IEBEM, aseguraron documentación y participaron en diligencias que coincidieron con la salida del entonces director en funciones.
Ha transcurrido más de un año.
Es indispensable conocer los resultados de aquella intervención.
Según información que hemos recibido, existen cientos de denuncias y quejas acumuladas entre la Fiscalía Anticorrupción y el área Jurídica del instituto. Hay que establecer su número exacto, clasificarlas, conocer sus avances y determinar cuántas han dado lugar a responsabilidades administrativas o penales.
No se trata de perseguir a los trabajadores honestos, que son la inmensa mayoría, ni de emprender una cacería de brujas. Se trata de identificar a quienes presuntamente convirtieron derechos laborales, plazas y prestaciones en negocios particulares.
El IEBEM administra una parte considerable del presupuesto educativo de Morelos y atiende a cientos de miles de alumnos. No puede seguir arrastrando sospechas tan graves sin investigaciones concluyentes.
La gobernadora tiene una oportunidad extraordinaria de ordenar la casa. Para hacerlo necesita una auditoría seria de la nómina, de las plazas, de los expedientes laborales y de los procesos de promoción.
Y, sobre todo, resultados públicos de las investigaciones.
Margarita González Saravia ya resolvió el problema de quién se sienta en la silla del director. Ahora tiene que resolver qué ocurre debajo de esa silla, donde durante años se han acumulado expedientes, denuncias y presuntos negocios que nadie ha logrado esclarecer.
Cambiar al director fue relativamente sencillo. Limpiar el IEBEM será otra historia.
(Y voy por más).
eusebiogimeno@gmail.com