Por: Ricardo Monreal Avila
El proyecto neoliberal en América Latina comenzó en la década de los setenta del siglo pasado con regímenes autoritarios, como las dictaduras de Augusto Pinochet, en Chile, y de Jorge Rafael Videla, en Argentina, quienes arribaron al poder mediante golpes de Estado.
Hoy se sabe que fueron patrocinados desde Washington y perpetrados en contubernio con las élites económicas, políticas y militares, que reaccionaron violentamente cuando sus intereses se vieron trastocados por el ascenso democrático de gobiernos de carácter social.
En México, la llegada de esta doctrina económica ocurrió en la primera mitad de la década de los ochenta, como consecuencia directa de la grave crisis económica sufrida en territorio nacional en el ocaso del periodo presidencial 1976-1982.
La aparición del neoliberalismo en la región se dio en contextos políticos, económicos y sociales convulsos, en los que se promovieron importantes reducciones al gasto público de los gobiernos latinoamericanos, so pretexto de generar esquemas de ahorro y acumulación de capital privado.
La reducción de la participación de los Estados en sus propias economías fue uno de los rasgos característicos del adoctrinamiento neoliberal, ejecutado por los diversos gobiernos de la región durante las últimas décadas del siglo pasado y lo que va del siglo XXI.
La implementación de este modelo económico se suscitó en contextos políticos antidemocráticos, en los cuales la disidencia fue perseguida y amedrentada con toda la fuerza institucional del Estado.
A la luz de las consecuencias que la aplicación del neoliberalismo trajo a la región, se vislumbra no sólo su agotamiento para el futuro, sino también su pronta superación; por otro lado, los países desarrollados que fueron la cuna de este modelo económico ahora mismo están abandonando la idea de dejar la regulación de sus economías a las fuerzas del libre mercado, para adoptar políticas nacionalistas contrarias a la globalización, como son los casos del Brexit, en Reino Unido, y las medidas proteccionistas en Estados Unidos de América.
En América Latina, al contrario de lo que se vaticinaba con el adelgazamiento del Estado y los esquemas de reducción del gasto público, orientados a la búsqueda del desarrollo, la región ha sufrido una constante y aguda pauperización de la calidad de vida de sus gobernados.
Durante el periodo neoliberal, las crisis en Latinoamérica han sido mucho más recurrentes de lo que se tiene registro antes de la implementación de este modelo económico, a tal grado que en muchos de los casos —como el mexicano— no se ha tenido en los últimos años un crecimiento económico anual más allá del dos por ciento del PIB.
Asimismo, los salarios, en términos reales, han decrecido considerablemente, y en las economías locales cabalga desde hace muchos años un movimiento inflacionario, cuyos efectos han impactado en el alza constante de los precios de los productos de primera necesidad y en el empobrecimiento desmedido de las familias latinoamericanas.
Las directrices o condiciones dictadas por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para otorgar créditos a los gobiernos solicitantes han constituido, por lo menos para México, una clara violación a la soberanía nacional, al influir de manera directa en el carácter de la política económica.
No son pocos los tipos de presión recibidos desde el exterior para promover la desestabilización o el desprestigio de las decisiones de los gobiernos, cuando estos últimos no actúan de conformidad con los intereses de los oligopolios financieros internacionales.
En México se está viendo: no es casualidad que, al actual gobierno, con una directriz económica distinta a la neoliberal, se le esté bombardeando con bajas expectativas de crecimiento económico o con notas negativas respecto de la inconveniencia para recibir inversiones de capital.
No obstante, en la región estamos presenciando un nuevo alud de movimientos contrahegemónicos que están dirigiendo el péndulo político hacia la izquierda. Mediante procesos electorales auténticamente democráticos, la ciudadanía de diversos países latinoamericanos está expresando su descontento y hartazgo con el modelo económico “recomendado” por los organismos financieros internacionales, que ha dejado a su paso lamentables estragos en los países, como falta de oportunidades, subdesarrollo y empobrecimiento constante.
En naciones como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, se han dado una serie de manifestaciones a partir de la existencia de una conciencia cívica, política y social, para hacer valer los derechos de la ciudadanía.
Estamos presenciando el alumbramiento de una sociedad latinoamericana más participativa y organizada, sabedora de la importante coyuntura de apertura política en estas primeras décadas del siglo XXI. Con ello se han logrado revertir decisiones gubernamentales cuestionables, como se demostró en Chile y Ecuador recientemente.
México y Argentina han dado muestra de la conveniencia de optar por el camino democrático, cuyos procesos no se agotan con decidir en las urnas la alternancia política, pero el tiempo de la retórica demagógica y de las falsas promesas de desarrollo y progreso está tocando su cenit.
Lamentablemente, aún hay pendientes en materia de justicia, debido al cáncer de la corrupción que ha infectado a los países de la región.
El problema de la corrupción en América Latina ha sido el detonador del descontento social y, sin importar el tipo de ideología política, sea de derecha o de izquierda, ha servido para sepultar gobiernos boyantes, como lo fue el periodo icónico del Partido del Trabajo en Brasil, el cual culminó con el derrocamiento de Dilma Rousseff y el encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva.
Frente a lastres de esta índole, la respuesta sigue siendo la misma: más democracia para América Latina. Hoy por hoy se está gestando una ciudadanía participativa que se ocupa cada vez más de escudriñar las acciones de los gobiernos y de los ejercicios de rendición de cuentas, ya sea para relevar del mando a los actores gubernamentales o para pedir justicia por la falta de probidad o legalidad en sus acciones.
La 4T es consciente de la gran expectativa que se tiene de su arribo a la administración pública, por lo que la continuidad del proyecto dependerá de las cuentas que le sean entregadas a la sociedad mexicana, que legitimó ampliamente una propuesta de cambio en los comicios de 2018.
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