La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, ha provocado una ingente cantidad de daños de todo tipo desde su llegada a territorio nacional hace un año y medio.
Diferentes aspectos de la vida política, cultural, social y económica en todo el mundo resintieron la inesperada irrupción de la crisis sanitaria, sobre todo en países emergentes como el nuestro, en donde no había condiciones para enfrentar una situación de proporciones semejantes.
Son tres los frentes en los que México resintió con mayor fuerza el golpe pandémico: la economía, la salud y la educación, pero actualmente en el centro de la discusión pública de nuestro país se encuentra lo relacionado con el sector educativo, ante el anuncio por parte del Gobierno federal de un inminente (y voluntario) regreso a las aulas.
Debido al confinamiento al que obligó la pandemia, se habla de un rezago importante en la formación académica de niños y jóvenes, a raíz de las modalidades de estudio que se debieron implementar para contener la cadena de contagios en las dos primeras olas. Las medidas eran ineludibles; de no haber suspendido el sistema educativo presencial, con toda seguridad el número de contagios y muertes habría sido mucho mayor a los promedios que actualmente se tienen registrados en el país.
Y aunque, gracias a las medidas asumidas, el sistema nacional de salud no colapsó, y actualmente se puede hablar de una recuperación económica sostenida —si bien no acelerada, por las propias circunstancias—, al interior de muchos hogares, niñas, niños y jóvenes han sufrido una serie de efectos psicosociales derivados del confinamiento o el aislamiento, lo que ha provocado que, sobre todo en este último año, resientan algún tipo de trastorno, como depresión o ansiedad. Incluso, lamentablemente, se incrementaron los casos de suicidio. Todo esto asociado al crecimiento de la violencia intrafamiliar, los divorcios y el deterioro del tejido social.
Tan sólo en 2020, de acuerdo con datos del Inegi, en México se registraron 1150 casos de suicidio infantil, lo cual representó un aumento del 37 por ciento, comparado con el registro de 2019. Y las causas son diversas: los problemas al interior de las familias; el estrés por el desempleo de madres y padres; violencia física o sexual; la convivencia cotidiana con la enfermedad y la muerte inesperada de familiares directos o amigos y, por supuesto, la falta de interacción social, por mencionar algunas.
El presidente de la República ha venido impulsando una campaña para propiciar el regreso a clases presenciales de niñas, niños y jóvenes, decisión que ha sido objeto de censura y linchamiento mediático, y utilizada como argumento para el golpeteo político.
El Gobierno de México ha hecho patente la necesidad de la niñez y la juventud, por su propia salud emocional, de reintegrarse a la vida académica. No es un capricho, como algunas voces han sugerido; la invaluable salud mental y emocional de este sector de la población mexicana está en juego.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) realizó recientemente una encuesta a niñas, niños y jóvenes en la que les preguntó su parecer acerca del regreso a las aulas. No es de sorprender que el 70 por ciento de las y los encuestados haya afirmado querer volver a los salones de clase; el 22 por ciento expresó además su deseo por salir ya de su casa; al 28 por ciento le preocupa contagiarse del virus y el otro 28 por ciento declaró inquietarle un nuevo cierre de su plantel escolar.
El rezago escolar es una cruda realidad en la que están imbricados los temas de la marginación y la desigualdad. Infortunadamente, en México la brecha de la desigualdad tecnológica es aún muy amplia.
En muchos lugares recónditos del país no ha sido posible la instalación de infraestructura básica de telecomunicaciones, o bien, son escasos los recursos tecnológicos y ni hablar del acceso a internet. La carencia incluso de señal de televisión evidentemente pone en desventaja a las niñas, los niños y jóvenes que habitan en esas localidades. Estas situaciones están presentes también en las grandes urbes.
No obstante, para garantizar un regreso a clases seguro se requiere la cooperación de los tres órdenes de gobierno, de autoridades educativas, instituciones de salud, organizaciones sindicales docentes y, por supuesto, de las madres y los padres de familia o tutores. En forma alguna, el gobierno solo podrá enfrentar una situación de semejante magnitud.
Por otra parte, se está avanzando de manera considerable en el proceso de vacunación de todos los sectores etarios de la población mayor de 18 de años, y además, se ha reportado que el pico de contagios de esta tercera ola comienza a disminuir, al igual que el número de decesos.
La propuesta del regreso a las aulas ha sido sostenida desde la más alta esfera gubernamental, y la fecha para su cumplimiento está próxima a presentarse. No obstante, tendrá carácter voluntario, así que quien lo considere mejor para sus hijas e hijos podrá optar por un sistema educativo a distancia, para lo cual no se escatiman esfuerzos ni recursos, a fin de proveer la infraestructura tecnológica y otros medios necesarios para hacer asequible esta modalidad.
Finalmente, el gran reto consiste en evitar a toda costa el daño psicosocial y el atraso académico de nuestras niñas, niños y jóvenes; presente y futuro del país.
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