Actualmente, a escala internacional existen fuertes presiones para que se abandonen los paradigmas convencionales respecto a la generación de combustibles y energía eléctrica a partir de hidrocarburos y otras fuentes no renovables.
De ahí el auge de cuestiones de sustentabilidad y medioambientales implícitas en la Agenda 2030, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible o instrumentos internacionales como los Acuerdos de París.
Los problemas ambientales que persisten en el mundo plantean cómo inducir una transformación social e industrial hacia procesos de producción y consumo más sostenibles, ya que sectores de servicios públicos (agua, energía, transporte) enfrentan problemas de escasez de recursos, cambio climático y degradación ambiental y, por ende, un número creciente de presiones al respecto.
En muchos países se han introducido nuevas tecnologías o modos de gobernanza, así como la regulación o desregulación económica y cambios en el comportamiento de las y los consumidores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la transformación es lenta o incluso inoperante.
Estos procesos son indispensables, pues las prácticas arraigadas en el régimen socioeconómico de la generación de energía (establecido éste a partir de la consolidación del capitalismo) han conducido a graves problemas ambientales y sociales.
Por ello, a partir de la primera década del presente milenio, desde las más variadas áreas del conocimiento y con base en estudios científicos y tecnológicos, se produjeron instrumentos de política, literatura especializada, planes, programas o acuerdos sobre las vías de transición de la sostenibilidad.
Sobre la base del concepto seminal de destrucción creativa, propuesto por Joseph Schumpeter, y el reciente de desestabilización del régimen, no pocas autoridades intelectuales propusieron que las combinaciones de políticas favorables a las transiciones de sostenibilidad deben involucrar ambas medidas.
Así, la desestabilización deliberada y el declive de las industrias basadas en combustibles fósiles pueden desempeñar un papel clave en las transiciones de sostenibilidad.
Una mejor comprensión de los procesos de desestabilización puede ofrecer lecciones relevantes para las transiciones bajas en carbono. Las transiciones hacia la sustentabilidad, como las incluidas en el desarrollo de industrias con bajas emisiones de carbono, son de tipo particular, porque se refieren a un problema de bienestar normativo y colectivo.
Son intencionales, planeadas y perseguidas deliberadamente desde el principio para reflejar un conjunto explícito de expectativas o intereses sociales.
En el caso de países como el nuestro (en concreto, de las industrias basadas en combustibles fósiles), los procesos de transición no significan, necesariamente, que el petróleo será parte de la historia, sino que tendrá menos preponderancia y su valor agregado pasará por el adecuado desarrollo de la petroquímica y la industria del gas asociada a su extracción.
Uno de los recursos estratégicos de esa transición es el litio.
México tiene este mineral clave y gracias a una decisión visionaria de la actual administración federal se decidió nacionalizarlo.
Para ello, se creó la empresa pública LitioMx, única autorizada para su exploración, extracción, procesamiento y distribución.
A diferencia del petróleo, nuestro litio nace ya nacionalizado y mexicanizado, lo que garantiza una transición energética bajo la rectoría del Estado y acorde con los objetivos del desarrollo nacional.
Es importante señalar que la nacionalización del litio no implica su estatización, sino la garantía de que su usufructo beneficie íntegramente a México y a sus habitantes, bajo la lógica de poner los recursos de la nación al servicio irrestricto del bien común o el interés público, y desechando, al mismo tiempo, la impronta neoliberal, que buscaba favorecer siempre la máxima ganancia privada o particular.
Recordemos que las transiciones de sostenibilidad no se prestan, necesariamente, a la integración del mercado. Los regímenes relacionados con aquélla, constituidos a partir de la idea de lograr o proteger un bien público, se construyen en forma implícita, con el fin de abordar el fracaso de los principios de mercado. Por tanto, todo depende de la intervención estatal para la sostenibilidad a largo plazo.
La explotación del litio y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la electromovilidad podrían revolucionar el sector del transporte en México, que se caracteriza por el empleo de una gran proporción de vehículos ligeros con motores de combustión interna y, aunque la venta de vehículos híbridos y eléctricos se ha incrementado a partir de 2016, sigue representando una fracción muy pequeña del mercado nacional, por lo que las nuevas inversiones en la industria del litio podrían constituir un hito en el sector, generando un indispensable cambio de paradigma.
Además, para que los vehículos eléctricos sean una verdadera opción de reducción de emisiones de carbono para el sector del transporte en México, su energía deberá provenir de fuentes limpias y renovables (biomasa o geotermia, en nuestro caso).
En el camino hacia la transición energética de México sólo hay que evitar la trampa tantas veces advertida por el presidente de la República: que se hagan negocios sucios en nombre de las energías limpias.
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