Tras asegurar que dará seguimiento a la participación de las fuerzas armadas conforme al carácter de organismo constitucional autónomo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se pronunció a través de un comunicado oficial, estableciendo que es incipiente la certeza jurídica del decreto por el que se dispone de las Fuerzas Armadas, para realizar tareas de seguridad pública en las calles, por lo que se podría amenazar el respeto y la garantía de los derechos humanos.
En ese documento difundido este martes, reclama celosamente su responsabilidad de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, reprochando a los poderes Ejecutivo y Legislativo, su decisión de impulsar y aprobar este nuevo decreto, que ordena a los elementos de las Fuerzas Armadas, a ejecutar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Dicho decreto, entró en vigor este martes 12, un día después de su úbicación el DOF, concluyendo su vigencia el día el 27 de marzo de 2024.
La CNDH está cuestionando los atributos exhaltados en la redacción del decreto aprobado, como son los de extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, a la colaboración de las fuerzas castrenses con las tareas sustantivas del Ejecutivo en materia de seguridad pública a nivel civil. Image
Argumenta que esos atributos no describen con exactitud el tipo de funciones de los militares y marinos en las tareas de seguridad pública asignadas. Definición obtusa que no le proporciona certeza jurídica ni claridad, ni a gobernados ni a administradores de la justicia.
Por medio de un comunicado, la comisión subrayó que en las leyes mexicanas como la Constitución Política, la Ley del Uso de la Fuerza o la Ley de la Guardia Nacional, no se establece de manera clara cómo se deben entender los términos antes mencionados, por lo que la indefinición es un riesgo para los derechos humanos.
Indicó que dicha ambigüedad en el texto, podría permitir un esquema de participación permanente de estos elementos en función de la seguridad pública, lo cual es contrario a la carta magna y la obligaciones del Estado.
«Por eso insistimos en que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención», remarcó.
Recordó que la participación de estos cuerpos de vigilancia nacional en labores de seguridad pública debe ser vigilada por mecanismos legales y protocolos sobre el uso de fuerza.
«Hemos de recordar que el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura».
Por ello, insistió en la necesidad de fiscalizar la intervención de las fuerzas armadas por parte del Congreso de la Unión, la sociedad civil y los organismos competentes y autónomos.
FUENTE : AGENCIAS
CANDELERO 13-05-2020
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