Las autoridades de Ecuador informaron la detención de 2 mil 292 personas durante la primera semana de aplicación del toque de queda nocturno vigente en cinco provincias de la región costera del país, una medida implementada por el Gobierno de Daniel Noboa para contener la violencia asociada a grupos criminales.
De acuerdo con el balance oficial difundido por el Ministerio del Interior, 1 mil 763 capturas fueron realizadas por cuerpos policiales. De ese total, 760 correspondieron a personas que incumplieron las restricciones de movilidad, mientras que otras 1 mil 003 fueron arrestadas por presuntos delitos como portación ilegal de armas, robos, intimidación y daños a la propiedad.
A estas cifras se suman 529 detenciones efectuadas por las Fuerzas Armadas durante operativos desplegados en el marco de la medida de excepción. El Ministerio de Defensa precisó que, durante este periodo, se ejecutaron mil 567 operaciones militares en distintas zonas consideradas de alta incidencia delictiva.
Las acciones de seguridad también dejaron importantes aseguramientos. El Ministerio del Interior reportó la incautación de 204 armas de fuego, mil 647 municiones y cerca de 612 kilogramos de droga. Asimismo, fueron recuperados o retenidos 565 vehículos y 1 mil 188 motocicletas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.
Por su parte, las Fuerzas Armadas informaron el decomiso adicional de 12 armas de fuego, 260 cartuchos útiles, 49 motocicletas y 19 vehículos durante sus intervenciones en las provincias bajo vigilancia especial.
La medida restrictiva, la cuarta decretada en Ecuador en lo que va del año, permanece vigente entre la medianoche y las 05:00 horas en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, territorios que concentran gran parte de la actividad del crimen organizado en el país.
El operativo concluye pocos días antes de las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre, comicios en los que los ciudadanos elegirán alcaldes, prefectos y otras autoridades regionales.
La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, cuando declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó una ofensiva contra las organizaciones criminales, consideradas por su gobierno como grupos terroristas.
Las autoridades sostienen que las operaciones continuarán en las zonas con mayor incidencia de violencia, con el objetivo de debilitar a las estructuras criminales y reforzar la seguridad en las regiones más afectadas por el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.