Columna de Hierro
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CUERNAVACA, MOR. 10 11 2026.- El Congreso de Morelos tiene dos asuntos delicados sobre la mesa.
Uno enfrenta a quienes quieren poner en marcha la revocación de mandato con quienes cuestionan el cómputo de los votos municipales.
El otro es el incumplimiento de una sentencia que ordenó al Poder Legislativo derogar artículos del Código Penal que criminalizan el aborto voluntario.
Conviene separar los expedientes, porque la discusión política puede mezclarlos, pero jurídicamente son distintos.
En la revocación, los ocho diputados que impulsan el tema no pueden aprobar por sí solos una nueva reforma constitucional: la regla exige dos terceras partes de los veinte integrantes, es decir, catorce votos.
Pero, por los antecedentes públicos, la reforma ya fue aprobada por la Legislatura anterior en 2022 y enviada a los Ayuntamientos. Ahora el asunto central es otro: si se reunieron los votos municipales requeridos y si el Congreso debe hacer el cómputo y emitir la declaratoria.
La Constitución de Morelos establece que para reformarla se necesitan dos terceras partes de los votos de los Ayuntamientos. De 36 municipios, son 24. El Tribunal Electoral de Morelos ordenó al Congreso requerir nuevamente los pronunciamientos municipales y concluir el procedimiento, tras declarar que existía una omisión legislativa.
Según el recuento divulgado en el Congreso, 24 Ayuntamientos habían aprobado la reforma; después aparecieron actas que pretenden modificar algunos de esos votos.
La validez de esas retractaciones no se puede resolver con una consigna: debe examinarse cada acta, su fecha, sus formalidades y el alcance de la sentencia electoral. La Constitución asigna al Congreso el cómputo y la declaratoria.
Si se confirma que los 24 votos válidos ya se habían emitido y que no podían retirarse, correspondería al Congreso reconocer el resultado y concluir el procedimiento.
Si el cómputo cambia porque algunas actas fueron válidamente modificadas, la reforma no alcanzaría por ahora el umbral. Y si hubo presiones desde la Secretaría de Gobierno para inducir a los Cabildos a cambiar su decisión, eso requiere pruebas y una investigación propia; no debe presentarse como hecho judicialmente acreditado sin documentos o testimonios verificables.
La segunda controversia es más grave en términos de cumplimiento judicial.
No se trata simplemente de que la Suprema Corte haya “exhortado” a los diputados porque otros Estados despenalizaron el aborto.
El antecedente directo es una sentencia del Juzgado Noveno de Distrito, dictada en el Amparo 1638/2023, que ordenó al Congreso de Morelos derogar las disposiciones penales impugnadas.
La Suprema Corte ha fijado criterios constitucionales sobre el derecho a decidir y, en otro asunto, sobre servicios de aborto; pero la orden concreta de derogar esos Artículos provino del Juzgado de Distrito. En abril de 2026, ese Juzgado señaló que las respuestas del Congreso eran evasivas y volvió a requerir el cumplimiento.
¿Puede un Tribunal obligar a un Congreso local a legislar? No puede sustituir a los diputados ni redactar y votar una ley por ellos. Pero cuando una sentencia firme ordena una acción legislativa concreta para reparar una violación constitucional, el Congreso no puede ignorarla indefinidamente.
La Ley de Amparo prevé requerimientos, multas y un procedimiento de inejecución que, en casos de incumplimiento injustificado, puede llegar a la separación del cargo de la persona titular responsable y a su consignación.
Eso no significa que cada diputado que vote en contra de una Iniciativa incurra automáticamente en delito: deben identificarse las autoridades responsables, el alcance preciso de la sentencia y la conducta de incumplimiento, con el procedimiento legal correspondiente.
¿Desaparecer los Poderes de Morelos? No. Esa figura no es una pena que la Corte pueda imponer al Congreso por bloquear una reforma. La desaparición de Poderes es una facultad del Senado, prevista para supuestos excepcionales en que los Poderes de un Estado hayan dejado de funcionar conforme a la Constitución. No es el castigo automático por una omisión legislativa.
Así que las preguntas inmediatas son muy concretas:
¿Qué Ayuntamientos aprobaron la revocación, cuáles intentaron cambiar su voto y con qué fundamento?
¿Y qué hará el Congreso para cumplir una sentencia deAamparo que sigue pendiente?
En ambos casos, la respuesta no puede ser el silencio ni el cálculo partidista.
El Congreso debe explicar sus decisiones, fundarlas y someterse a las reglas que rigen tanto a los Municipios como a las autoridades judiciales.
La autonomía del Estado no significa que sus Poderes estén por encima de la Constitución.
Fuentes consultadas:
Constitución Política del Estado de Morelos, artículos 147 y 148
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, expediente TEEM/JDC/12/2026-2
La Jornada, “Morelos: frena Morena declaratoria de revocación de mandato”
Congreso de Morelos, debate sobre la validez de los votos de los Ayuntamientos
GIRE, avance de la despenalización del aborto en Morelos
La Jornada Morelos, “Juez exige a Congreso no seguir con evasivas en despenalización del aborto”
Ley de Amparo, Artículos 192 a 198.
(Y voy por mas)
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