Docentes despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) denunciaron que, pese a contar con laudos firmes que ordenan su reinstalación, el pago de salarios caídos y el reconocimiento de sus derechos laborales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 11 mantiene retrasos para ejecutar las resoluciones.
Los trabajadores señalaron que el conflicto laboral inició en 2021, cuando decenas de académicos fueron separados de sus funciones sin indemnización, debido a que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ) negó la existencia de una relación laboral y los consideró beneficiarios de un programa social.
Sin embargo, explicaron que tribunales colegiados en materia de trabajo del Poder Judicial Federal determinaron que sí existía una relación laboral bajo el esquema del Apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que ordenaron reconocer sus derechos, reinstalarlos y cubrir los salarios caídos.
La Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las UBBJ acusó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 11 retrasó la notificación de los laudos firmes al organismo coordinador, situación que permitió, según sus representantes legales, promover recursos para aplazar el cumplimiento de las sentencias.
Juan de Dios Hernández Monge, representante legal de la Coalición, señaló que el Poder Judicial Federal ya resolvió la existencia de la relación laboral y que el problema actual es la falta de ejecución de las resoluciones.
“Cuando una sentencia favorable permanece sin ejecutarse, el acceso a la justicia continúa siendo incompleto”, afirmó.
La representación legal informó que el caso involucra seis juicios promovidos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 11, en los que los tribunales colegiados Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitieron resoluciones favorables para los docentes.
Los trabajadores destacaron que los criterios judiciales establecidos en este caso pueden beneficiar a empleados del sector público contratados mediante figuras como becas, convenios de colaboración o prestación de servicios, cuando en los hechos exista subordinación y una relación laboral.
La Coalición, integrada por más de 40 docentes de distintas entidades del país, pidió a las autoridades garantizar el cumplimiento de las resoluciones y permitir que los trabajadores accedan a los derechos reconocidos por los tribunales.
Asimismo, informó que durante el proceso falleció el profesor Amador Hernández, de la sede UBBJ de San Fernando, Tamaulipas, por lo que su defensa continuará para que su familia pueda recibir los beneficios derivados del laudo ganado.