El sistema educativo en México debe suprimir los espacios excluyentes, adecuar las prácticas de enseñanza acorde a las necesidades de los individuos, e incluir otras lenguas y expresiones culturales para garantizar que ninguna persona renuncie a su proyecto de vida por barreras físicas o institucionales, coincidieron legisladores, académicos y activistas.
 
Así lo subrayaron en el foro “Diversidad Sexual, Inclusión y Derechos Humanos: Desafíos para la Educación Superior en México”, organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que en esta ocasión eligió al Senado de la República para realizar su segunda edición.
 
La senadora con licencia, Reyna Celeste Ascencio Ortega, apuntó que los derechos humanos, incluyendo los sexuales, todavía son una “novedad” para muchas personas en pleno 2026, en particular para quienes viven en comunidades originarias y rurales donde, incluso, los profesores no saben cómo enseñar al respecto a sus alumnos.
 
Señaló que esto plantea un “desafío” para México, pues la educación sexual genera debate y polémica entre maestras y maestros sobre cómo enseñarla o si se debe impartir en los diferentes niveles de estudio.   
 
“Considero que los retos siguen siendo hablar sobre la sexualidad, enseñarla y, desde luego, frenar la discriminación que sigue existiendo en las diferentes escuelas, cuando un niño o una niña se presenta de manera distinta”, subrayó Ascencio Ortega.
 
El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, explicó que las trayectorias académicas insatisfactorias o prolongadas de un alumno, son indicadores relevantes para identificar las características y necesidades de cada joven: cómo se alimentan, dónde viven, qué otra actividad compagina con sus estudios y, más importante, cómo se siente.
 
“El bienestar del alumnado es una condición habilitante para su éxito académico, así como de las perspectivas de futuro que pueda configurar”, agregó; no obstante, enfatizó que si bien se debe poner a los estudiantes en el centro de las decisiones institucionales, una política de inclusión que no cuente con respaldo presupuestario corre el riesgo de carecer de viabilidad operativa.
 
María del Rosario Orozco Caballero, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, insistió en que la diversidad sexual, la inclusión y los derechos humanos no son temas de una “agenda paralela” a la educación, sino que deben ser parte de ésta, para determinar qué tipo de universidades se necesitan en el país.
 
Consideró que una verdadera educación transformadora no sólo transmite conocimientos, sino que también forma comunidades donde el respeto, la inclusión y los derechos humanos dejan de ser un “ideal” para convertirse en una realidad cotidiana.
 
La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, Marta Walkyria Torres Falcón, destacó que hablar de diversidad sexual y asumirse como una persona distinta era “impensable” hasta apenas unos años, por la carga cultural de varios siglos en los que sólo se reconocía un modelo binario.
 
Resaltó que lograr la apertura para discutir esos temas ha sido un camino “arduo y sinuoso” y actualmente se cuenta con avances muy importantes, pero reconoció que “dista mucho” de concluir esa lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual.
 
El periodista y activista Braulio Peralta abordó el caso del escritor Carlos Monsiváis para ejemplificar cómo los prejuicios en torno a la diversidad sexual han marcado la percepción de diversas figuras públicas.
 
Peralta también recordó que, tras varios años de lucha, se publicó el primer libro sobre lesbianas y homosexuales “La revolución del orgullo”, obra que calificó como un referente para preservar la memoria histórica de la diversidad sexual.
 
Señaló que recuperar y difundir estas historias contribuye a visibilizar una realidad que durante mucho tiempo permaneció fuera del debate público, lo que favorece un cambio en la percepción social y en la forma en que se abordan los temas relacionados con la diversidad sexual.