Autoridades federales desmantelaron durante julio dos instalaciones utilizadas para almacenar y procesar hidrocarburos en Cadereyta, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas. Los operativos dejaron millones de litros de combustible, pipas, tractocamiones, tanques y maquinaria asegurados, pero hasta el momento no se han reportado personas detenidas por ninguno de los casos.
En Reynosa, elementos federales localizaron un inmueble equipado para el almacenamiento, manejo y posible procesamiento de combustible. En el sitio fueron asegurados 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características de hidrocarburo, distribuidos en contenedores, tanques y unidades de transporte.
El inventario del operativo en Tamaulipas incluyó seis tractocamiones, siete pipas, ocho motobombas, tanques verticales y móviles, generadores eléctricos y un vehículo. Las instalaciones quedaron bajo resguardo y los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para determinar el origen, tipo y destino del combustible.
En Cadereyta fue desmantelada otra instalación ubicada a unos 10 kilómetros de la refinería de Petróleos Mexicanos. En el lugar había infraestructura para recibir, almacenar, mezclar y distribuir hidrocarburos, con una capacidad calculada en reportes periodísticos de entre 5 mil y 10 mil barriles diarios.
La investigación oficial relaciona con la operación a Ezequiel González Duelas y a Ramiro Gándara, este último como representante legal de Energy Refinados, empresa que habría reportado ante la autoridad fiscal ingresos superiores a 5 mil millones de pesos y que, de acuerdo con los datos judidicales, habría funcionado como posible fachada de las instalaciones clandestinas.
El volumen procesado en Nuevo León habría requerido el ingreso constante de autotanques, el funcionamiento de bombas y depósitos, así como una red para colocar el producto en el mercado. Las investigaciones deben establecer de dónde provenía el combustible, cuánto tiempo operó el inmueble y qué personas o empresas participaron en su transporte y comercialización.
Los casos muestran que el robo de hidrocarburos ya no se limita a perforaciones clandestinas en ductos. Las operaciones investigadas incluyen almacenamiento, transformación, traslado, posible contrabando de combustibles y utilización de compañías para documentar o comercializar los productos fuera de los controles fiscales y energéticos.
La Fiscalía General de la República deberá identificar a los propietarios de los predios, operadores, proveedores, transportistas y compradores. Hasta ahora, el balance conocido es de dos huachirrefinerías desmanteladas, al menos 3 millones 769 mil 500 litros asegurados en Reynosa, más el combustible localizado en Cadereyta, y y ningún detenido reportado hasta ahora.
La estrategia del gobierno federal ha permitido realizar importantes aseguramientos y decomisar grandes volúmenes de combustible. Por ello, para las instituciones responsables de investigar estos delitos será llevar los operativos más allá del aseguramiento de inmuebles y mercancías. La desarticulación de las estructuras financieras, logísticas y de protección que hacen posible el funcionamiento de estas redes será determinante para combatir de fondo el huachicol.
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