El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en el debate de alto nivel “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto”, como presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su presentación tuvo lugar en el contexto de la crisis sanitaria que ha golpeado al mundo y cuyas consecuencias evidenciaron las serias desigualdades que permean en la actualidad al interior de las naciones y entre ellas mismas.
La presencia del presidente mexicano en la Organización que une a los países del orbe adquirió relevancia por el carácter del gobierno que encabeza, los resultados favorables del modelo alternativo de políticas aplicado en el país, el manejo responsable de la crisis sanitaria, el combate a la corrupción, e incluso la popularidad de que goza.
Por primera vez en la historia reciente mexicana se escuchó en la ONU la voz de un mandatario no alineado con las disposiciones impuestas por los principales organismos financieros internacionales ni con el modelo económico neoliberal vigente en Occidente desde las últimas décadas del siglo pasado.
México cambió de rumbo en 2018, y a raíz de esa nueva dirección política se relegaron las fórmulas económicas que estuvieron vigentes durante el periodo neoliberal, en las cuales el Estado perdió presencia dentro de la actividad económica y se fueron entregando al sector privado las esferas estratégicas, so pretexto de atraer mayor inversión, generar más empleos y evitar crisis cada vez más profundas, lo cual no sucedió.
Con la llegada del modelo económico neoliberal, la desigualdad social en nuestro país se hizo más aguda y profunda. En los poco más de 30 años de aplicación de esta doctrina, la población mexicana en situación de pobreza y de pobreza extrema aumentó a casi el 50 por ciento, mientras que el poder económico ejercía cada vez más influencia sobre las esferas del poder político nacional.
Con las repetidas crisis que hubo en el país durante este periodo, la fórmula probada y patentada por la tecnocracia neoliberal era socializar las deudas de privados, con lo cual se rescataba a unos pocos privilegiados del poder económico, mientras se condenaba a generaciones enteras a pagar los resultados de las malas administraciones.
Asimismo, la solución para salir de los baches económicos era recurrir a grandes empréstitos de las principales instituciones financieras internacionales -generalmente, en condiciones desventajosas-, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con intereses casi impagables.
El problema no radica sólo en los grandes montos de los préstamos, sino que, además, los recursos no se destinaban a atender las necesidades más elementales del grueso de la población en México; prueba de ello es que los sistemas educativos de los diferentes órdenes de gobierno y el sistema de la salud pública sufrieron un lacerante y consistente abandono.
Los recursos económicos se quedaban mayormente entre las élites política y económica, que se beneficiarion con recursos como esquemas de triangulación, simulación e innecesaria intermediación, incluyendo la creación de empresas fantasma.
Pero el daño causado por estos agentes rebasó el ámbito económico; en la dimensión política, por ejemplo, la imposición de cuotas y cuates en los principales organismos gubernamentales, los “moches” para propiciar clientelismos electorales, las cantidades ingentes de recursos públicos para intervenir directamente en los comicios o el uso arbitrario de los programas sociales estaban a la orden del día, atentando contra la democracia.
A tres años de la instauración de un gobierno con auténtico carácter popular, nuestro país, a pesar de la irrupción de la pandemia, no ha sufrido mayor endeudamiento y se ha implementado un programa económico para rescatar a las personas más afectadas por la crisis sanitaria, que derivó en una acentuada crisis económica; los programas sociales se han mantenido y la ayuda a los sectores de la población más desfavorecidos ha sido constante, prescindiendo de intermediarios.
Si bien existe un problema inflacionario que ha elevado el costo de los productos de la canasta básica y otros, por la crisis sanitaria y las fluctuaciones en los precios de hidrocarburos a nivel internacional, se espera que la distensión en los precios de los combustibles en el mercado mundial impacte positivamente en la economía de las familias mexicanas en poco tiempo.
Toda esta experiencia acumulada en los recientes tres años de trabajo fue puesta sobre la mesa durante la participación del presidente mexicano en el seno de la ONU, quien expresó que la corrupción es un asunto que debe ser tratado por todos los gobiernos, incluso de los países más poderosos, y que el modelo económico vigente en el mundo promueve una profunda desigualdad social, cuya prueba más contundente se encuentra en el mecanismo establecido por el organismo internacional para la repartición de vacunas anti-COVID-19 en las naciones más pobres, al cual calificó de “doloroso y rotundo fracaso”.
Propuso además la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, a fin de garantizar la vida digna a 750 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios.
La financiación, propuso, provendría de tres posibles fuentes: una contribución anual voluntaria del 4 % de las fortunas de las mil personas más ricas del mundo; una aportación similar de los emporios empresariales privados más importantes por su valor en el mercado, y otra del 0.2 % del PIB de cada país integrante del G20. Si esto pudiera realizarse, el fondo contaría anualmente con un billón de dólares.
El discurso y las propuestas enunciadas son contrarias a lo que tradicionalmente se escucha al interior de la Organización, pues si bien se hizo un llamado a la paz y a la fraternidad, también se criticó el carácter individualista de las políticas económicas a escala internacional, las cuales han sido permeadas por la necesidad de acumulación.
La originalidad del mensaje del mandatario mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU radica en su apelación a la conciencia moral para alcanzar la justicia social desde el ámbito internacional: la justicia como principal ingrediente de la paz global, la cual tendría eco en los índices de seguridad de los países, al interior y al exterior de sus fronteras.
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