ste jueves, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a Naciones Unidas que considere medidas para apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de las desapariciones forzadas, delito que según los expertos podría considerarse crimen de lesa humanidad.
Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, explicó que:
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil.»
El comité citó como muestra de la gravedad de la situación el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.
Persisten dificultades pese a medidas previas
A pesar de las acciones adoptadas desde la visita del comité a México en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial”, señalaron los expertos. Agregaron que “las autoridades siguen rebasadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones.”
Contexto de violencia y posible implicación de funcionarios
El comité señaló que muchas desapariciones ocurren en el marco de la “guerra contra las drogas”, sin evidencias de una política federal para cometerlas, aunque con sospechas de que grupos delictivos están detrás de la mayoría.
Sin embargo, en algunos casos denunciados, las investigaciones sugieren posible participación directa de funcionarios públicos o, al menos, su apoyo o aquiescencia.
Solicitud enviada a la ONU
El grupo de expertos remitió su solicitud al secretario general de la ONU, António Guterres, para que sea enviada a la Asamblea General.
Entre las medidas sugeridas, el comité mencionó cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones, así como de posibles vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.