El pasado 24 de octubre usuarios en redes sociales reportaron que autoridades detuvieron a una mujer dentro de la estación Candelaria del Metro de la CDMX.
Los motivos de la detención se debió a que la mujer fue acusada por los usuarios del Metro de haber golpeado a su pequeña hija de tan sólo dos años de edad.
El golpe propinado por la mujer a la niña le causó una fuerte contusión llevándola al sangrado.
En redes sociales circulan imágenes de la detención de la mujer identificada como catalina de 24 años de edad, así como de fotografías de la menor con la nariz ensangrentada y de toda la sangre que la pequeña tiró en el suelo.
Hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de comunicado oficial puesto que aún no se define la situación jurídica de la mujer, sin embargo, la menor se encuentra en resguardo de las autoridades.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Úrsulo Galván el 11 de enero de 2013.
La CNDH presentará una denuncias penales en contra de los 15 elementos del «Grupo Tajín» y demás señalados como presuntos responsables por tales hechos.
CDMX, 25 Octubre 2019.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que desaparecieron a ocho policías municipales de Úrsulo Galván en el año 2013.
Por ello, en un comunicado de este viernes, confirmó que determinó emitir la recomendación 24VG/2019 al Gobierno del Estado de Veracruz «por violaciones graves a derechos humanos».
La desaparición de los elementos municipales se remonta al 11 de enero de 2013 y es «atribuible a 15 agentes del entonces denominado Grupo Tajín'» de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando la corporación estaba a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, siendo gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa.
La recomendación también fue emitida para la actual encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns: «por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas».
Al respecto, la CNDH precisa que acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado «al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero».
Agrega que en la recomendación está acreditado que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado «Grupo Tajín» aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.
La Comisión recomendó al actual Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, y proporcionarles atención integral.
Además, solicitó ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada de la que fueron objeto sus familiares en el año 2013.
De igual forma, recomendó a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que, por cuanto hace a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ-VER), no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, «además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván».
Por ello, solicitó a la Fiscalía General de Veracruz (FGE), continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, por las irregularidades cometidas, y se anexe copia de su recomendación en sus expedientes administrativos-laborales.
De igual forma, solicitó capacitar al personal adscrito al Ministerio Público que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada, con el propósito de ofrecerles un trato digno.
La CNDH confirmó además que presentará una denuncia penal contra los 15 elementos del «Grupo Tajín» y todos aquellos que resulten responsables como Bermúmez Zurita y Duarte de Ochoa, además de una queja administrativa.