A fin de reducir las desigualdades económicas, sociales, de género, entre otras, que prevalente en el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar políticas públicas que incidan de manera efectiva en las causas que generan dicha situación, y garantizar así, la libertad, capacidades y derechos de todas las personas en el país.
En ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, la CNDH considera que la pobreza no es solo un indicador de la situación económica de un país, sino un asunto de dignidad humana, y reitera su llamado al Estado mexicano para que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y adopte medidas para acabar con la pobreza y la desigualdad para construir entre todas las personas un país donde los derechos humanos y la dignidad sean plenamente respetados.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para el periodo 2008-2016, el ingreso en los hogares no ha permitido mejoras permanentes en el bienestar de las personas, toda vez que 62 millones de ellas cuentan con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, tienen dificultades para asumir los costos inherentes a su alimentación, vestido, salud, vivienda, educación y servicios básicos como agua y transporte, entre otros satisfactores necesarios para su bienestar.
En su informe Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2016, señala que por cada 100 hombres ocupados que contaban con beneficios de seguridad social por su trabajo, solo 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación, diferencia que se acentúa entre la población en condición de pobreza, ya que por cada 100 hombres ocupados y con seguridad social, solo 49 mujeres ocupadas contaban con ella.
Para la CNDH, debe observarse que la pobreza y la pobreza extrema afectan de forma distinta a la población, al considerar el área en que residen –urbana o rural- o sus características sociodemográficas, por lo cual el ejercicio de los derechos de ciertos grupos de población como personas indígenas, mujeres, jóvenes y personas con alguna discapacidad se encuentra sistemáticamente comprometido.
Esta Comisión Nacional expresa que la participación del sector privado, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los representantes del sector empresarial y de las personas trabajadoras, las organizaciones internacionales, en particular, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras es fundamental para alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial, en relación con las metas encaminadas a erradicar la pobreza, lograr la seguridad alimentaria, el trabajo decente y el crecimiento económico.
Asimismo, llama la atención lo dispuesto en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada en 2008, la cual se centra en garantizar resultados equitativos para la población a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo; en consecuencia, resulta ineludible avanzar en la promoción de empleos de calidad, en la implementación de políticas redistributivas en materia de ingresos y de mecanismos de inclusión social.
La CNDH recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró mediante la resolución A/RES/62/10, el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, conmemoración que busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente, así como fomentar la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social para todas las personas. Por eso desde la CNDH reiteramos que no deben observarse la pobreza y desigualdad como virtudes sino como condiciones urgentes a superar.
FUENTE: NOTIMEX, CANDELERO, 20-02-19.