La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objetivo de fortalecer las sanciones contra el acoso sexual y garantizar una atención más efectiva a las víctimas.
La propuesta elimina la condición de reincidencia para castigar el delito, lo que permitirá sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia, ya sea que ocurra en espacios públicos, centros laborales o en el transporte. Además, contempla agravantes cuando el agresor se aproveche de la situación de vulnerabilidad o desventaja de la víctima.
Otro punto relevante de la iniciativa es la creación de un nuevo tipo penal dirigido a servidores públicos que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las personas afectadas. En estos casos, se prevén penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la condena.
Con esta medida, el gobierno mexiquense busca reforzar la protección de las víctimas y fomentar una cultura de cero tolerancia hacia el acoso sexual, en concordancia con las políticas nacionales impulsadas por la administración federal para erradicar la violencia de género.