Columna de Hierro
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CUAUTLA, MOR. 19 09 2026.- Cayó Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte. Pero su captura, lejos de cerrar el caso, abre una cascada de preguntas que las autoridades de Morelos y Cuautla están obligadas a responder.
¿Las cámaras grabaron el asesinato o solamente al sospechoso entrando y huyendo del lugar?
¿Dónde está el arma homicida?
¿Fue recuperado el teléfono celular que presuntamente originó el crimen?
¿Qué pruebas científicas -huellas, ADN, sangre- vinculan al detenido directamente con Claudia?
Y sobre todo: ¿por qué no había policías protegiendo la Casa de la Cultura si la vigilancia había sido solicitada oficialmente días antes?
Ahí puede estar el escándalo político.
Existe un oficio, recibido desde el 7 de septiembre por la autoridad municipal, mediante el cual la regidora Sandra Lucía Balón Narciso solicitó vigilancia las 24 horas durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal y, específicamente, una patrulla permanente durante el turno nocturno en la Casa de la Cultura.
La protección tenía un propósito inequívoco: salvaguardar a visitantes, participantes, expositores, organizadores y personal.
¿Dónde estaba entonces esa patrulla la noche en que asesinaron a Claudia?
La responsabilidad penal del crimen deberá determinarla un juez. La responsabilidad política por la seguridad de Cuautla es otra cosa.
Y esa responsabilidad alcanza al gobierno municipal encabezado por Salvador Molina Martínez, quien llegó como alcalde suplente después de la caída de Jesús Corona Damián, detenido en la Operación Enjambre y actualmente sujeto a proceso por presunta delincuencia organizada y extorsión.
Molina tampoco llegó al cargo en medio de aplausos.
Desde junio hubo ciudadanos que solicitaron al Congreso y a las autoridades investigar sus antecedentes y sus relaciones políticas, económicas y personales con funcionarios detenidos en aquella operación.
Eso no demuestra que Molina pertenezca a organización criminal alguna. Pero sí explica por qué su llegada estuvo marcada por cuestionamientos.
Ahora enfrenta algo diferente y perfectamente medible: la actuación de su gobierno frente a una petición expresa de seguridad.
Si la solicitud fue recibida; si pedía vigilancia las 24 horas; si exigía una patrulla nocturna para la Casa de la Cultura y esa vigilancia no se proporcionó, alguien tiene que explicar quién tomó la decisión.
¿El alcalde lo sabía?
¿Lo sabía su responsable de Seguridad Pública?
¿Quién recibió el oficio?
¿Quién decidió no mandar la patrulla?
¿Y quién responderá políticamente por esa omisión?
Porque mientras las autoridades anuncian la captura de “El Trompas”, falta conocer la otra mitad de esta historia.
La Fiscalía sostiene que Claudia salió a fumar y hablar por teléfono, que Francisco Javier “N” intentó despojarla del aparato y que posteriormente la atacó con arma blanca.
Pero falta conocer públicamente la mecánica completa.
¿Cuántas heridas recibió?
¿Dónde fueron producidas?
¿Cuál provocó la muerte?
¿Qué significa exactamente cuando la Fiscalía habla de “saña” y de lesiones infamantes?
¿Qué establece la necropsia?
¿Qué reveló la toxicología?
Y otra cuestión:
¿Por qué jóvenes participantes dormían dentro de la Casa de la Cultura?
El inmueble había sido facilitado temporalmente para participantes de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Eso obliga a saber quién autorizó la pernocta, cuántas personas dormían ahí y qué protocolo de seguridad se estableció.
No hay, hasta ahora, elementos serios para convertir este crimen en una historia sobre drogas o sobre la vida íntima de los participantes. Hacerlo sin pruebas solamente desviaría la investigación.
La pregunta verdaderamente explosiva es otra: si las autoridades sabían que habría personas pernoctando y además recibieron una solicitud expresa de vigilancia, ¿por qué dejaron desprotegido el inmueble?
Mientras tanto, otro frente se abrió en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Una treintena de académicas, investigadoras y directivas de instituciones de educación superior del país publicó un pronunciamiento en respaldo de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, cuestionada por estudiantes y colectivas después de los asesinatos de varias jóvenes vinculadas con la UAEM.
Las firmantes tienen razón en un punto fundamental: la rectora no es policía, fiscal ni secretaria de Seguridad y no puede atribuírsele jurídicamente la violencia que azota a Morelos.
Pero tampoco un desplegado puede cancelar las preguntas de las estudiantes.
La Universidad deberá responder por aquello que corresponde a la Universidad: sus protocolos, alertas, acompañamiento y medidas de protección.
El Ayuntamiento por aquello que corresponde al Ayuntamiento.
La Fiscalía por investigar.
Y el Gobierno del Estado por garantizar seguridad.
No confundamos responsabilidades, pero tampoco permitamos que se diluyan.
La captura de “El Trompas” puede significar un avance importante.
Pero si las investigaciones confirman que Francisco Javier “N” fue quien hundió el arma en el cuerpo de Claudia, habrá que juzgarlo y castigarlo.
Y si se confirma documentalmente que el gobierno municipal recibió una solicitud de vigilancia permanente y simplemente no la atendió, entonces habrá una responsabilidad política que también deberá cobrarse.
Porque en Cuautla ya cayó un alcalde.
Y después del asesinato de Claudia Tacoronte, la cabeza política de su sucesor también puede comenzar a rodar.
(y voy por más ..)
eusebiogimeno@gmail.com