Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen el derecho a la libertad de expresión; todas las personas pueden manifestar libremente sus ideas, usando el medio de su preferencia para hacer pública su opinión o percepción respecto a cualquier asunto o tema, siempre y cuando ello no comprometa los derechos de terceros ni la paz, la seguridad o la salud públicas. Asimismo, de conformidad con el artículo 1 de la Carta Magna, todas las autoridades del Estado mexicano están comprometidas a respetar y garantizar este derecho.
En este sentido, existen amplias diferencias entre los gobiernos del pasado y el gobierno de la Cuarta Transformación, ya que, como se aprecia en los medios de comunicación electrónicos y tradicionales, cualquiera puede difundir con libertad sus ideas a favor o en contra del tema o situación de su interés.
Recuérdese que, en los tiempos de las presidencias omnímodas, en México la crítica periodística era prácticamente nula. Los periódicos, la radio y la televisión se alineaban completamente —ya fuera por intereses propios o por amenazas— con la visión del gobierno en turno, lo cual les granjeaba jugosas recompensas por su contribución a la construcción de una estabilidad informativa que transmitiera un clima de gobernabilidad y prosperidad para el público en general.
Para quienes se atrevían a disentir, la persecución era inminente. Alzar la voz para criticar la actitud gubernamental implicaba consecuencias que podían ir desde la clausura hasta otras, de gravedad mayúscula. Se sabe que en la primera mitad del siglo pasado los periódicos incómodos eran atacados hasta hacerlos inoperantes; ejemplos de ello los hallamos en El Pueblo de Hermosillo, en 1928; la Revista de Yucatán, en 1924, y el Diario de Guadalajara en 1933.
En la segunda mitad de aquel siglo, la censura del gobierno continuó. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, por un error de impresión en los pies de foto de un periódico, el mandatario ordenó cerrarlo, sin que persona alguna pudiera hacer algo al respecto. Otros casos también se suscitaron en el periodo neoliberal, como durante el salinismo, que adoptó una notoria hostilidad contra ciertos periodistas, como lo fue Manú Dornbierer, sólo por citar un nombre.
Por otro lado, como ejemplo de la falta de ética periodística en el pasado, podemos señalar el ocultamiento de datos de las masacres y demás crímenes de Estado; la creación de víctimas ficticias durante fenómenos naturales; la manipulación de la información para dirigir la opinión pública, y la propagación de rumores como noticias nacionales que quitaban visibilidad a decisiones de gobierno nocivas para la población.
Rota esta complicidad entre el gobierno y los medios favorecidos, ahora el presidente de la República lleva a cabo algo novedoso: ejercer su derecho de réplica. El actual primer mandatario ha salido a responder por acusaciones, a desmentir hechos falsos y a hacer un llamado para acudir a las denuncias formales antes que al linchamiento mediático.
El hecho de ser blanco habitual de las críticas por ser el jefe de Estado no lo ha llevado a abusar de su investidura para acallar ninguna voz opositora, como antaño sucedía. Sus más importantes críticos en los medios gozan de las garantías para poder seguir ejerciendo su profesión. El gobierno de la 4T respeta de manera irrestricta el Estado de derecho y los principios democráticos en nuestro país, por lo que todas y todos en México gozan, sin cortapisas ni restricciones, de sus libertades fundamentales.
En este sentido, los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos y por el Parlamento Europeo, carecen de sustento alguno. Ciertamente, en México el periodismo es considerado como una actividad muy peligrosa desde hace varios años; sin embargo, es necesario reconocer que, en la actualidad, el Gobierno federal no es el que atenta contra los bienes, posesiones, derechos o integridad física de las y los comunicadores, sino la violencia criminal de grupos privados, generalmente vinculados a la delincuencia organizada, la que está generando tal situación. Al no ser ni origen ni causa, el Estado tiene mejores condiciones para cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes ejercen esta noble profesión.
Los comentarios expresados por esas instancias externas están enmarcados en un contexto político-económico en el que por supuesto que es del interés de las potencias occidentales tener sus ojos puestos en la importante reforma eléctrica —en la que también figura la regulación del litio— que el Gobierno de la 4T ha propuesto y que se está discutiendo en el Poder Legislativo.
Por otra parte, el primer proceso de revocación de mandato, por celebrarse en breve, ha llamado la atención de propios y extraños, al tratarse de un ejercicio democrático sin precedentes en nuestro país. Los comentarios emitidos por representantes de Estados Unidos y parlamentarios de la Unión Europea podrían estar orientados a tratar de restarle credibilidad al Gobierno de la 4T, debido a que, entre otras cuestiones, existen intereses de por medio que se verán afectados, si se logra aprobar la reforma eléctrica en puerta y, aún más, si el pueblo de México decide darle continuidad a este proyecto en las elecciones presidenciales de 2024.
Por supuesto que no se debe minimizar el peligro que las comunicadoras y los comunicadores enfrentan actualmente, por lo que se tiene que revisar el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos ya existente, además de redoblar esfuerzos para volverlo más eficiente.
No obstante, eso no debe de ser un pretexto para aceptar expresiones tendenciosas por parte de quienes, desde sus propios ámbitos, también enfrentan señalamientos ante violaciones a los derechos humanos.
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