Por: Ricardo Monreal Avila
Cuando comenzó el auge del neoliberalismo a mediados de los setenta del siglo pasado, y se estableció como modelo económico dominante en la siguiente década, cambió considerablemente no sólo el paradigma económico en la mayor parte de occidente, sino el político y el social.
El modelo económico neoliberal, el último estadio del capital llamado por algunos autores y analistas como del “capitalismo salvaje” —apodado así por ser sumamente depredador tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales— tuvo como principal propósito concentrar de manera más férrea las riquezas, más que en cualquiera de las otras etapas del sistema capitalista. El pretexto: los modelos asociados al Estado de bienestar estaban provocando sobreendeudamiento, crisis severas y desajustes económicos a nivel global.
Para el neoliberalismo, el Estado debía reducir el gasto y al mismo tiempo adelgazarse, es decir, se debía evitar su participación directa en la economía, relegándolo al papel de mero espectador, concediendo en todo momento las garantías jurídicas necesarias para propiciar la inversión privada.
Cuando México solicitó el apoyo del Fondo Monetario Internacional en 1982, ante la crisis petrolera, algunas de las exigencias de éste se centraron en recomendar al gobierno mexicano reducir el gasto social, ajustar los salarios en términos reales y privatizar empresas paraestatales, entre otras medidas, las cuales fueron fielmente cumplidas durante el sexenio 1982-1988.
Con el neoliberalismo se abandonaron las demandas de justicia social y las ideas de bienestar y desarrollo integral, posicionando los indicadores de crecimiento económico como el tópico más relevante.
Se impuso la idea de que un gran crecimiento económico propiciaría un derrame de recursos que alcanzaría por sí mismo a los estratos sociales más desfavorecidos. Ese pronóstico jamás se cumplió en nuestro país, pues las personas ricas se hicieron más ricas, mientras la pobreza se generalizó y arrojó cifras verdaderamente escandalosas.
En México, la implementación del neoliberalismo ha significado la reducción del poder adquisitivo de la población, la pauperización de los salarios, la degradación de los niveles deseables de vida para la mayoría de las familias y el abandono de sistemas trascendentales o estratégicos, como el sector salud, educativo, de investigación, ciencia y tecnología, todo lo cual hundió a nuestro país en condiciones de vida lacerantes que provocaron el incremento y el fortalecimiento de la criminalidad y la delincuencia organizada.
México, desgraciadamente, se volvió muy dependiente de la producción, la industria y la innovación tecnológica extranjera; de igual manera, la autosuficiencia alimentaria se abandonó a su suerte y ahora tenemos un campo cada vez más pauperizado y mercantilizado.
Ante ello, el enfoque fue el “crecimiento” del Producto Interno Bruto; el cual, en resumidas cuentas, no significó más allá que un mero indicador del crecimiento de la riqueza o de la concentración de ésta, con base en el dinamismo que se logra a partir de las inversiones hechas durante un periodo de tiempo. Sin embargo, los indicadores de crecimiento económico no se relacionan, en absoluto, con la distribución de la riqueza generada entre la población.
El presidente de la República ha declarado en días pasados que es necesario adoptar otro tipo de indicadores; China y Nueva Zelanda, naciones con un alto nivel de crecimiento económico, han implementado y promueven un Indicador Genuino de Progreso(IGPro), en el que se consideran otros rubros, además del valor de todos los bienes, servicios e inversiones producidos, para poder medir de manera más objetiva el progreso de sus naciones.
El crecimiento económico sin justicia social, sin bienestar o con degradación ambiental acaso constituye un logro pírrico que ya no debe tener preeminencia en la agenda política de los países democráticos. Aunque, ciertamente, resulta difícil pensar en el fortalecimiento de la democracia, el bienestar o desarrollo sin el primero.
Por supuesto que el crecimiento económico de un país es importante, pero no puede ser el único indicador para medir el buen desempeño de un gobierno o el progreso de una nación, sobre todo cuando sabemos que, en países como el nuestro, la riqueza se ha concentrado históricamente en pocas manos, condenando a las mayorías a una paulatina pauperización.
Aunque se ha cuestionado la propuesta del actual jefe de Estado, lo cierto es que se tiene que modificar la manera como se mide el progreso; se requiere un cambio radical en la conducción del país, con base en resultados positivos que sean palpables para las mayorías y no para unas cuantas personas.
Algunos indicadores que se proponen para tal fin son:
PBI (Producto Bienestar Interno): suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones destinados a incrementar la calidad de vida los habitantes, en un territorio durante un tiempo determinado, dividido en cuatro rubros: salud, educación, vivienda y alimentación.
PRRE (Producto Resiliencia y Recuperación Ecológica): suma de las inversiones del sector privado y público, así como social, orientadas a desarrollar resiliencia frente a desastres naturales y a la promoción de desarrollo sostenible, con el fin de frenar, reponer o subsanar la degradación del medio ambiente por la actividad humana, dentro de un territorio en un determinado tiempo.
IDH (Índice de Desarrollo Humano): desarrollado por la ONU, atiende variables como esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.
FNB (Felicidad Nacional Bruta) o IBG (Indicador de Buen Gobierno): reconoce que el objetivo del gobierno es promover la felicidad de sus gobernados. Se trata de un indicador cualitativo que integra las dimensiones cuantitativas descritas en los otros indicadores descritos al que se añaden dimensiones subjetivas de percepción de las y los gobernados: bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno.
El PIB es insuficiente por sí mismo para dar cuenta de una realidad deseable, por lo que es necesario integrar otros indicadores; de lo contrario, se estaría propiciando la reproducción de los fracasos de gobiernos anteriores.
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