Las críticas al actual gobierno de la 4T están centrando su atención en la grave situación que el país enfrenta en materia de seguridad y en los altos índices de violencia, los cuales, desde 2006, no han dejado de incrementarse.
De acuerdo con algunas interpretaciones, la estrategia de seguridad propuesta desde Palacio Nacional redunda en la complacencia, colusión o complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, hay que tener presente que la ciudadanía no posee una memoria de corto plazo, y que en cuatro años de gobierno resulta complicado revertir los efectos de poco más de tres décadas de malas decisiones, no sólo en materia de seguridad, sino en los aspectos económico, educativo, político y social.
México experimentó una pauperización cada vez mayor en el seno de las familias y un constante aumento del costo de vida desde la crisis financiera ocasionada por el derrumbe de los precios del petróleo, ocurrido casi al final del sexenio de 1976 a 1982. A partir de ese momento, las crisis en nuestro país han sido persistentes y más profundas, dejando como saldo un mayor número de personas en situación de pobreza o pobreza extrema.
De acuerdo con especialistas y personas que estudian los ciclos económicos del sistema capitalista, las crisis son inherentes a este modelo. Uno de los problemas actuales de las estructuras del capitalismo en la transición de un modelo productivo-comercial hacia uno financiero-especulativo, como lo identificara Marx en sus reflexiones, es la incapacidad del propio sistema para asimilar las condicionantes necesarias para la acumulación de capital, ya que anteriormente ésta devenía de una base material y ahora se encuentra enmarcada en una ficticia.
La llamada “economía casino” -bautizada así por economistas a principios de este siglo- ha dado pie a la desaparición de fuentes importantes de empleo a lo largo del globo, debido a la gran volatilidad que día a día experimentan los mercados internacionales.
Para subsanar los efectos de estas crisis, la manera de darle liquidez a una economía hecha añicos fue acudir a créditos internacionales con altísimas tasas de interés, condenando con ello a nuestro país a una deuda pública impagable: una especie de esclavitud transgeneracional.
Por si esto último fuera poco, las condiciones para acceder a los créditos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional radican en una constante presión sobre los Gobiernos, comprometiéndolos a reducir el gasto público en todas las áreas.
Desde las crisis económicas de los años ochenta del siglo pasado, los gobiernos mexicanos disminuyeron considerablemente el gasto público en áreas sensibles, como educación, ciencia y tecnología, salud y producción agroalimentaria, entre otras; asimismo, aunque nuestro país se volvió atractivo para la inversión extranjera, la llegada de grandes transnacionales a territorio nacional sólo significó un jugoso negocio para éstas, pues se hicieron nugatorios los derechos laborales de la clase trabajadora.
En este contexto, México expulsó una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, que se fueron a insertar al mercado estadounidense, lo que ha permitido el ingreso a nuestro país de miles de millones de dólares en remesas. A la fecha, el trabajo de las y los connacionales en la Unión Americana sigue constituyendo uno de los grandes pilares de la economía nacional.
De manera paralela, el crimen organizado comenzó a crecer y a extenderse sobre amplias regiones del territorio mexicano. No es coincidencia que las grandes organizaciones del narcotráfico empezaron a adoptar nombres que los identificaran con las regiones en donde establecieron su dominio para el tráfico de drogas o para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
Los lugares más desfavorecidos y en donde las oportunidades de desarrollo social y personal eran nulas fueron el caldo de cultivo ideal para que se multiplicaran las células del crimen organizado; allí penetraron con mucha mayor facilidad, para reclutar a quienes posteriormente se convertirían en sus operadores y en sus brazos armados.
Por ello, la política de seguridad que sigue actualmente el Gobierno mexicano apunta a la atención y recuperación del tejido social a través de diversos programas institucionales, buscando la cooperación tanto de la sociedad organizada como de la iniciativa privada. A todos los sectores de la población nos afecta el clima de inseguridad que aún pervive en muchas regiones del país.
Como ha quedado demostrado, la política de combate al crimen, implementada en México y que buscó descabezar a las organizaciones criminales, no funcionó, porque la hidra que representa la delincuencia organizada es tan sólo la expresión, la punta del iceberg de todo un entramado de diferentes tipos de violencia estructural. Si no se atienden las causas, si no se identifica la verdadera raíz, jamás se podrá volver a un clima de paz en nuestra nación.
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