Por: Ricardo Monreal Avila
México celebra 210 años del inicio de la revolución de Independencia que terminó con el dominio español de poco más de tres siglos sobre este territorio.
La liberación del yugo peninsular fue producto de varias crisis que azotaron puntos nodales del sistema colonial que a la postre lo hicieron insostenible y lo condujeron a su inevitable caída.
El surgimiento de nuestro país obedece, pues, a cambios sustanciales en la vida política, social y económica, que el jefe del Estado ha identificado como la “Primera Transformación”.
Lograda la independencia, se sucedió un cúmulo de acontecimientos que fueron delineando la forma jurídica y política del Estado, dándole los matices particulares que lo diferenciaron enormemente de su más próxima influencia: nuestro vecino del norte.
La pugna entre establecer una Federación con entidades autónomas y centralizar el poder político fue un conflicto constante entre liberales y conservadores, que sumió al país en guerras civiles, crisis económicas, y problemas sociales y políticos durante buena parte del siglo XIX.
Aunque México conquistó su autonomía en 1821, a raíz del conflicto no pudo consolidar una línea de desarrollo estable, lo que propició un enorme atraso en varios rubros.
En 1855, la Revolución de Ayutla, auspiciada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, detonó un alud de reformas jurídicas que delinearían, en buena medida, la actual forma jurídico-política del Estado mexicano actual.
Las guerra de Reforma es identificada por la 4T como la “Segunda Transformación” de la vida pública de nuestro país. Sin embargo, su consolidación no fue inmediata, siendo suspendida abruptamente por la Intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, en 1863.
Con la restauración de la República, en 1867, a manos de Benito Juárez, y el posterior ascenso de Porfirio Díaz al poder, nuestro país entró en una aparente calma social y política, que derivó en prosperidad económica.
México comenzó a adentrarse en la modernidad, de manera tardía, a finales del siglo XIX, por lo que la bonanza financiera se derramó de manera desigual, sin alcanzar a los sectores sociales más golpeados.
La base de la pirámide social era muy ancha, y estaba a merced de élites locales y nacionales que se granjeaban favores políticos y económicos en medio de uno de los climas de corrupción más lastimosos para las y los mexicanos, y en el que se irrespetó el marco normativo establecido en la Constitución de 1857.
Durante el gobierno de Díaz se favoreció el flujo de capital a través de inversiones en diversos sectores productivos de avanzada, como la industria petrolera, pero con ello también se solapó e incentivó el abuso del poder económico, agravando la condición social de la población menos privilegiada, en su mayoría de tipo rural.
La supresión de las libertades políticas y la concentración unipersonal del poder hicieron que el sistema político porfiriano también entrara en crisis, preparando el escenario para un nuevo cambio sustancial.
La Revolución de 1910, sus motivaciones y consecuencias representan la “Tercera Transformación” de la vida pública nacional. La búsqueda de nuevos derechos y libertades empujaron al pueblo mexicano a una nueva guerra civil, y finalmente los derechos sociales fueron reconocidos y elevados a rango constitucional en la Carta Magna de 1917.
El Constituyente de aquel año vislumbró la necesidad imperante de que el Estado mexicano procurara el cumplimiento de demandas históricas de la población, ofreciendo un nuevo paradigma jurídico no sólo para el país, sino para el mundo; nuestra Norma Fundamental vigente y la Constitución de Weimar, de 1919, son consideradas de avanzada por la naturaleza social presente en su contenido.
A principios del siglo XXI, la “Cuarta Transformación” inicia como un movimiento pacífico con fuertes vientos de cambio. Se reconoce que para promover un desarrollo con justicia social se debe impulsar el respeto y el ejercicio de un sistema democrático, y que además se debe velar por el bienestar social de la ciudadanía.
El combate a la corrupción es la más grande cruzada, en términos políticos, que se ha emprendido en las últimas décadas en México, por lo que el gran desafío es poner los cimientos para la implementación de un verdadero Estado de derecho que privilegie la observancia y el cumplimiento de lo constitucionalmente establecido en cuanto a derechos, libertades y sus garantías.
Como gobierno, la 4T busca lograr el establecimiento de un Estado de bienestar sostenible, también llamado “Estado Social”. Para ello es imperante echar mano de los recursos públicos disponibles, pues de otra manera se caería nuevamente en la retórica demagógica del neoliberalismo, que imperó poco más de 30 años en México.
Las administraciones pasadas adelgazaron al gobierno, limitando su participación económica, pero el gasto público se disparó exponencialmente en burocracia, programas clientelares, campañas políticas, rescates fraudulentos y obras fantasma. No se privilegiaron el gasto social ni la inversión pública.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno del presidente López Obrador propone invertir 303 mil 982.9 millones de pesos en 11 programas esenciales: un aumento del 3.6 por ciento en comparación con lo que se destinó para el presente año.
Programas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiarán directamente a sectores importantes de la población que sistemáticamente fueron relegados por administraciones anteriores.
Dada la delicada situación en materia de seguridad que pervive en México, el presupuesto en este ámbito registra un aumento significativo, pues la Guardia Nacional alcanzará los 90,000 elementos —recuérdese que la Policía Federal tuvo un máximo de 30,000—.
No obstante, y reconociendo el carácter prioritario de la crisis sanitaria, el Presupuesto considera una partida sustancial para equipar hospitales, garantizar medicinas gratuitas de alta calidad, así como para proveer a la población que lo requiera, de manera gratuita, oportuna y prioritaria, la vacuna contra la COVID-19.
El aumento propuesto en el rubro de sanidad para este año es del 9.1 por ciento, es decir, el Sector Salud contará, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, con una partida de 145 mil 415 millones de pesos para su fortalecimiento, habiéndose enfrentado a graves carencias durante la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente.
Por otro lado, la inversión de los grandes proyectos de infraestructura, como El Tren Maya, y la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, la Refinería “Dos Bocas” y el Corredor Transístmico permitirán asegurar un flujo importante de ingresos para nuestro país.
De manera inédita, varias generaciones de mexicanas y mexicanos habrán de recibir una inyección de 505 mil 263 millones de pesos, es decir, más de medio billón de pesos en programas de beneficio directo de atención y generación de oportunidades.
Todo ello se traduce en el “Estado de bienestar sustentable” que impulsa la 4T. Libre de un mayor endeudamiento público y sin más carga fiscal o impuestos para la ciudadanía de a pie, históricamente castigada por la voracidad de regímenes anteriores.
El combate frontal a la corrupción permitirá su sostenimiento, pues, sin duda, éste es el cáncer más peligroso heredado por la era neoliberal y al cual hay que eliminar sin miramientos ni vacilaciones.
Esto será el legado de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional. ¡Felices fiestas patrias!
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