Columna de Hierro
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CUERNAVACA, MOR. 21 10 2026.- Los resultados del gabinete en avances y retrocesos de la actual administración deben ser los que determinen la urgencia de realizar ajustes y cambios en el gabinete de la gobernadora Margarita González Saravia.
Los números empiezan a hablar y algunos son verdaderamente preocupantes.
El Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” acaba de difundir una radiografía de la delincuencia que coloca a nuestra entidad en el primer lugar nacional de siete categorías delictivas y en segundo lugar en otras seis, de acuerdo con las tasas por cada cien mil habitantes registradas entre enero y septiembre de este año.
Morelos figura en primer lugar en despojo, extorsión presencial, robo de motocicletas, tentativa de homicidio doloso y tráfico de menores, entre otros delitos. Y en segundo lugar en homicidio doloso y feminicidio.
No son acusaciones de adversarios políticos, sino estadísticas obtenidas de registros oficiales por una organización ciudadana independiente.
Es cierto que el gobierno estatal ha reportado una disminución de 17.7 % en el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, comparados con el mismo periodo del año anterior. Es un avance que debe reconocerse. Pero también es cierto que Morelos continúa apareciendo entre las entidades con mayores tasas de delitos graves. Una reducción no borra automáticamente la dimensión del problema.
Y si de Economía hablamos, tampoco estamos para echar las campanas al vuelo. El INEGI reportó una caída de 3.1 % anual en la actividad económica de Morelos durante el primer trimestre de 2026. Es decir, mientras otras entidades crecieron, la economía morelense retrocedió.
El Empleo tampoco ofrece motivos suficientes para celebrar. Según los registros del IMSS analizados por “Morelos Rinde Cuentas”, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 desaparecieron 3 mil 543 puestos de trabajo formal. Algunos sectores ganaron empleos, pero las pérdidas en otras actividades terminaron por inclinar la balanza hacia los números rojos.
En Salud, el doctor Gil Magadán Salazar, dirigente de la Sección 29 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ha denunciado carencias de médicos, enfermeras, medicamentos y plazas laborales. El dirigente habla de un déficit de 500 trabajadores en los servicios de IMSS-Bienestar. Es una denuncia que las autoridades estatales y federales deben aclarar con cifras, plantillas y resultados de atención médica, no solamente con declaraciones.
Y qué decir del Transporte Público. El gobierno pactó una modernización de las unidades y autorizó un incremento de la tarifa de 10 a 13 pesos. Lo que corresponde examinar ahora es cuánto se ha renovado realmente el parque vehicular, qué mejoras recibe el pasajero y si existe mayor seguridad y eficiencia en el servicio. El aumento del pasaje es inmediato; los beneficios prometidos también deben poder medirse.
Este panorama no significa que todo esté mal ni que no existan funcionarios capaces. Hay acciones que merecen reconocimiento y problemas que vienen de administraciones anteriores.
Pero precisamente por eso se necesita una evaluación seria que distinga los avances de los rezagos, las responsabilidades heredadas de las actuales y las buenas decisiones de las que requieren corregirse.
El problema no se resuelve repartiendo culpas ni multiplicando boletines de Prensa.
Hay dos áreas particularmente sensibles en la operación política del Poder Ejecutivo: la Secretaría de Gobierno, encabezada por Edgar Antonio Maldonado Ceballos, y la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, a cargo de Héctor Javier García Chávez.
Son posiciones llamadas a facilitar la coordinación institucional, anticipar conflictos y dar seguimiento a decisiones estratégicas. Su desempeño también debe someterse a una evaluación de resultados, con responsabilidades claramente delimitadas.
La amplia experiencia de un funcionario, su cercanía con la gobernadora o los años que haya dedicado a la actividad política no pueden sustituir los resultados de su gestión. Los cargos públicos no son reconocimientos a la trayectoria ni premios a la lealtad personal. Son responsabilidades frente a la sociedad.
Desde luego, ningún Secretario puede resolver por sí solo la inseguridad, la falta de inversión o las deficiencias hospitalarias. Se requiere coordinación con los municipios y el gobierno federal. Pero esa responsabilidad compartida tampoco puede convertirse en pretexto para diluir la rendición de cuentas.
La gobernadora Margarita González Saravia tiene todavía una parte importante de su sexenio por delante. Cuenta con la facultad de revisar estrategias, exigir metas y modificar la integración de su gabinete cuando los resultados lo justifiquen. No sería una señal de debilidad. Los ajustes oportunos pueden evitar que los problemas se vuelvan más costosos y difíciles de resolver.
Porque gobernar no consiste solamente en anunciar inversiones, inaugurar obras, encabezar reuniones o expresar buenos propósitos. Consiste en conseguir que la gente viva con mayor seguridad, encuentre empleos dignos, tenga acceso a servicios médicos y disponga de transporte eficiente.
Los resultados deben decidir quién permanece, quién debe corregir y qué cambios hacen falta. Lo demás es administración de discursos, no evaluación de gobierno.
(Y voy por más)
eusebiogimeno@gmail.com