La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta pública urgente en la Ciudad de México el 2 de julio de 2026 tras detectar una red delictiva dedicada a la extorsión. Este grupo delincuencial utiliza de forma ilegal los nombres y cargos de diversas personas servidoras públicas federales para engañar a los ciudadanos. El objetivo principal de estos delincuentes consiste en presionar a la población para obtener dinero mediante promesas falsas o amenazas de penalizaciones.
De acuerdo con el reporte oficial del Buen Gobierno, el esquema delictivo afecta principalmente a las personas adultas mayores, un sector de la población altamente vulnerable ante este tipo de engaños. Los delincuentes se hacen pasar por integrantes de esta dependencia y de otras instituciones del gobierno federal con la finalidad de exigir transferencias monetarias a cuentas particulares. Las autoridades han solicitado a la comunidad extremar precauciones ante cualquier contacto sospechoso que provenga de supuestos funcionarios.
El mecanismo de operación de esta red fraudulenta incluye la gestión ilícita de supuestos servicios y trámites gubernamentales que en realidad no existen. Los estafadores abordan a las víctimas ofreciendo la supuesta recuperación de fondos defraudados, la expedición de certificaciones jurídicas falsas y la cancelación o condonación de sanciones fiscales. Ante el incremento de reportes, la institución recordó que ningún empleado público cuenta con la facultad de solicitar recursos económicos a los ciudadanos por vías digitales o telefónicas.
¿Cómo operan los falsos funcionarios para engañar a la ciudadanía?
Para lograr que los ciudadanos caigan en el engaño, los integrantes de esta red delictiva han diseñado métodos sofisticados de suplantación de identidad. Los delincuentes configuran perfiles falsos en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea utilizando los logotipos oficiales del Buen Gobierno y de otras dependencias federales. A través de estos canales digitales, entablan comunicación directa con las víctimas simulando una atención institucional legítima.
Además del uso de plataformas web, la red fabrica y distribuye documentos apócrifos que imitan la papelería oficial del Gobierno de México. Estas cartas y formatos falsos contienen elementos gráficos gubernamentales diseñados exclusivamente para dar una apariencia de total legalidad y obligar a las víctimas a realizar depósitos inmediatos bajo la amenaza de perder sus derechos o enfrentar problemas legales.
Lo que sabemos: la suplantación de servidores públicos
Los estafadores se comunican directamente a través de llamadas telefónicas convencionales, la aplicación WhatsApp, correos electrónicos institucionales apócrifos y distintas redes sociales.
Las peticiones económicas ilegales exigen depósitos bancarios directos o transferencias electrónicas a cambio de evitar supuestas multas o agilizar procesos administrativos.
La dependencia federal habilitó las líneas de atención ciudadana 55-2000-2000 y el número telefónico gratuito 800-1128-700 para brindar asesoría jurídica integral a quienes hayan sido víctimas de este delito.
Todos los trámites, asesorías y servicios gestionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son completamente gratuitos para toda la población.
Cualquier persona, gestor o intermediario que intente realizar cobros a nombre de la institución incurre en una conducta fraudulenta tipificada como delito grave.
HERALDO DE MÉXICO