En los últimos 7 años, el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación aumentó 142.8%, al pasar de 21 casos en 2019 a 51 en lo que va de 2025, por lo que este año es el que registra el mayor número de hechos.
Esto representa, según cita el diario El Universal, un nuevo proceso judicial o administrativo cada 4 días, de acuerdo con Artículo 19, que exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.
“Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”, señala.
En su reporte “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, se destaca que es preocupante el uso indebido de la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México.
“Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, se menciona en el texto.
Se expone que de todos los procesos documentados este año, 25 fueron acusando a la prensa de violencia política en razón de género. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de esa normativa.
Refiere que de los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%) y 11 civiles (21.57%).
Se indica que los perpetradores del acoso judicial tienden a ser personas con poder público, aunque también se registran múltiples casos por parte de particulares.
De los casos documentados, detalla El Universal, 23 (45.10%) fueron personas funcionarias (varias de ellas en proceso de reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares (35.29%) y 10 procesos (19.61%) iniciados directamente por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión).
Dice que de las 23 autoridades que iniciaron procesos contra periodistas, la gran mayoría fueron a nivel estatal, con 14 casos (60.87%), seguido de autoridades a nivel federal, sobre todo personas candidatas en el marco de las elecciones judiciales de este año (cinco casos, 21.74%) y, por último, autoridades a nivel municipal (4 casos, 17.39%).
Para Artículo 19, refiere el diario nacional, los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas por sus investigaciones, notas periodísticas o incluso publicaciones en redes sociales pueden conllevar múltiples propósitos, como revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y mandar un mensaje colectivo sobre “temas prohibidos” que personas con poder económico o político no quieren que se toquen.
“El acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos. Los medios de comunicación y periodistas independientes deben destinar no sólo recursos a responder ante estos procesos, sino inclusive pueden verse acreedores a multas millonarias”, sostiene.
El informe externa que la académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, advirtió que podría recurrir al Poder Judicial contra periodistas que, según ella, difunden información errónea.
“Esta amenaza de acciones legales es la sexta documentada en el año (1 de enero a 31 de julio) por personas funcionarias o con proyección pública en donde se advierte a los medios: se puede utilizar el poder público en su contra. Este tipo de mensajes refuerzan lo dicho en este reporte, que los procesos judiciales no están siendo utilizados como mecanismos de acceso a la justicia, sino como escarmiento frente a la crítica”.
Agrega que los litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) buscan enviar no sólo un mensaje individual a quien se le inicia el proceso, sino un mensaje colectivo a todas las personas periodistas o defensores de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión.
Con 40 casos, 2021 era el año que registraba el mayor número de procesos documentados.
Con información de El Universal