Con el establecimiento y el desarrollo de un gobierno alternativo, constituido por el categórico mandato popular volcado en las urnas en 2018, se han venido destapando diversas irregularidades ocurridas en administraciones anteriores, herederas del proyecto neoliberal que inició en los años ochenta del siglo pasado.
La inquietante corrupción que imperaba anteriormente ha sido puesta en evidencia en más de una ocasión.
En sexenios previos, una cúpula política se ocupó de satisfacer intereses particulares o de ciertos sectores con poderío económico, por encima del bienestar general; se procedió incluso a reformar nuestra Carta Magna con esos fines, permitiendo el apalancamiento de intereses privados en sectores estratégicos para el desarrollo del país, como el energético.
Recién iniciaba la administración federal anterior, cuando se dio a conocer la firma del documento que establecía un marco de cooperación entre el Gobierno federal y otros partidos que tenían presencia en ambas Cámaras del Congreso mexicano. El llamado Pacto por México vio la luz el 2 de diciembre de 2012.
Para la cúpula política neoliberal, aquel acuerdo representó la oportunidad de que el programa de gobierno o la agenda sexenal de la administración pasada tuviera certeza debido, en buena medida, a que se privilegió una aparente capacidad de diálogo, al incluir a las otrora fuerzas políticas con mayor representación en el Legislativo federal.
Se hacía indispensable el apoyo del Congreso para contar con la aprobación y puesta en marcha de las ambiciosas reformas en materia educativa, laboral, hacendaria y político-electoral, entre otras.
La reforma más importante y ambiciosa de aquel sexenio, sin duda, fue la energética, una de las prioridades históricas de la agenda neoliberal, que buscaba la manera de abrir las puertas al capital privado para que participara en todo lo concerniente a los recursos energéticos, ámbitos que durante mucho tiempo fueron de competencia exclusiva del Estado mexicano.
Así, entre 2013 y 2014 fueron aprobadas las llamadas reformas estructurales de la pasada administración.
Como era de esperarse, toda esa agenda reformista de gobierno se concretó, teniendo que lidiar apenas con la auténtica oposición, cuyos integrantes éramos vistos en aquel entonces como una minoría soslayable, y que hoy, de manera legítima, representamos la mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Aquellas reformas fueron profusamente anunciadas y resonaron por todo el territorio nacional en distintos formatos y espacios, aunque en particular hubo una gran campaña para demostrar los supuestos beneficios y las bondades de la reforma energética, la cual abría el paso a los agentes privados para hacer de los hidrocarburos y los energéticos del país un negocio particular, afirmándose que este esquema sería más redituable para la otrora empresa paraestatal.
No obstante, a pesar de las promesas, los precios de los combustibles se encarecieron considerablemente, pasando de los 12 a los 18 pesos a lo largo de aquella administración. Pemex se volvió una empresa poco redituable, cargando con un grave sobreendeudamiento y llegando al borde de la quiebra, debido al aumento de sus pasivos.
Al arribar el gobierno de la Cuarta Transformación en 2018, comenzaron a conocerse y a darse a conocer múltiples irregularidades que se habrían cometido en detrimento del patrimonio nacional, y el Ejecutivo federal decidió elaborar un plan de acción con el cual atendería la crisis y rescataría a Petróleos Mexicanos, hoy, empresa productiva del Estado.
Por declaraciones de quien fuera director de Pemex durante el sexenio pasado y a través de las indagaciones efectuadas por la Fiscalía General de la República, se sabe que la reforma energética estuvo envuelta en un marco de prevaricación, representada por la compra de votos al interior del Poder Legislativo.
Actualmente, tenemos conocimiento de que millones de dólares circularon entre los pasillos de San Lázaro y Paseo de la Reforma, con el propósito de incentivar la adhesión de la disidencia parlamentaria a los propósitos y las aspiraciones promovidos por el entonces titular del Ejecutivo federal.
La venta del voto para aprobar una Iniciativa o Decreto, perpetrada por una legisladora o un legislador, es un acto de prevaricación. En cualquier parlamento democrático del mundo este tipo de conducta es castigada de dos maneras: con la inhabilitación del parlamentario(a) y con la abrogación del ordenamiento.
De acuerdo con las pesquisas realizadas por la FGR hasta el momento, se puede asumir que hay elementos suficientes para que sea abrogada la reforma energética, fruto del “Pacto por México”, cancelando con ello todos los efectos que los cambios constitucionales trajeron consigo.
Las denominadas reformas estructurales que fueron aprobadas en el cenit del sexenio anterior son el más claro ejemplo de la prevaricación en su forma de cohecho, pues legisladores de diversos grupos parlamentarios recibieron el soborno que fue enviado a sus curules o escaños, a cambio de permitir que, desde la legalidad, se lacerara el patrimonio de la nación y del pueblo de México, lo cual en su momento denunciamos las y los diputados de la auténtica oposición.
Nada bueno puede surgir de los actos de corrupción como fuentes de cambio; por ello, hoy más que nunca es importante buscar que toda la dimensión gubernamental del Estado se apegue a la legalidad de los procesos, pero que además atienda lo concerniente a la legitimidad, la cual sólo se puede expresar a través del respaldo y la confianza populares.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA