El empresario de la construcción Marco Antonio Santacruz Cuevas enfrenta señalamientos relacionados con la presunta comercialización y uso de cemento de procedencia irregular, mientras mantiene una posición relevante en la ejecución de obras públicas en Baja California, incluida la ampliación del Nodo Morelos, uno de los proyectos de infraestructura más costosos del actual sexenio estatal.
De acuerdo con información difundida sobre el caso, autoridades federales y organismos especializados analizan posibles vínculos entre una red de empresas asociadas al contratista y la distribución de material conocido en el sector como “cemento huachicol”, cuya comercialización ha generado preocupación por sus posibles implicaciones fiscales y de seguridad estructural.
Las investigaciones también se centran en la operación de compañías relacionadas con actividades que abarcan desde el procesamiento y distribución de cemento hasta la producción de concreto y la construcción de obras de gran escala. Según los señalamientos, parte del material habría sido almacenado en condiciones inadecuadas y posteriormente incorporado a cadenas de suministro destinadas tanto al mercado privado como a proyectos financiados con recursos públicos.
Especialistas de la industria han advertido que el empleo de cemento alterado, degradado o expuesto a humedad durante periodos prolongados puede reducir significativamente su resistencia y afectar la durabilidad de las estructuras. Este tipo de materiales puede generar problemas en la integridad del concreto, especialmente en regiones con actividad sísmica y condiciones geográficas complejas como las que existen en Tijuana.
El caso ha cobrado relevancia debido a que el consorcio encabezado por Santacruz Cuevas ha acumulado adjudicaciones de obra pública por cientos de millones de pesos en distintas administraciones estatales. Entre los proyectos señalados se encuentran obras viales y de infraestructura hidráulica que, en algunos casos, registraron observaciones por retrasos o cuestionamientos administrativos.
Uno de los antecedentes más citados corresponde a la construcción de infraestructura sanitaria entre Tijuana y Playas de Rosarito, donde auditorías legislativas documentaron irregularidades en la justificación de un procedimiento de adjudicación directa y retrasos significativos respecto a los plazos originalmente establecidos.
Pese a esos antecedentes, el grupo empresarial continúa participando en proyectos estratégicos para el estado. Actualmente destaca la modernización del Nodo Morelos, una obra cuyo presupuesto supera los 650 millones de pesos y que es considerada una de las intervenciones viales más importantes en la zona metropolitana de Tijuana.
Las alertas emitidas por empresas del sector de la construcción sobre la posible circulación de materiales adulterados motivaron llamados para reforzar los mecanismos de verificación de insumos y garantizar la trazabilidad del cemento utilizado en proyectos públicos y privados.
De acuerdo con la información difundida, instancias federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) analizan los elementos relacionados con el caso para determinar si existen posibles responsabilidades fiscales o administrativas. En caso de confirmarse el uso de materiales irregulares en infraestructura pública, las indagatorias podrían ampliarse para evaluar eventuales afectaciones a la seguridad de las obras ejecutadas.