Entre aplausos y elogios a los gobiernos de Morena, la titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, compareció este 30 de octubre ante el Congreso local, donde presumió cerca de 30 mil asesorías jurídicas, mientras el PAN cuestionó una disminución de más de 173 mil atenciones respecto de las cifras presentadas en el Primer Informe de Gobierno.
Durante su comparecencia, la funcionaria rindió cuentas sobre justicia comunitaria, defensoría pública, certeza legal y el estatus de proyectos como la Línea 5 del Cablebús.
A diferencia del resto de las comparecencias realizadas en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el evento de Cruzvillegas se trasladó del recinto de Donceles a la Plaza de la Constitución número 7, debido a temas de «logística», de acuerdo con fuentes consultadas por Proceso.
La funcionaria llegó al lugar rodeada de música y bailes típicos. Destinó gran parte de su discurso a felicitar al gabinete morenista y pedir ovaciones para la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego del espectáculo, la comparecencia empezó a tomar forma. Cruzvillegas informó que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica registró 15 mil 521 atenciones mediante mediación comunitaria y procedimientos de queja en juzgados, así como 11 mil 974 personas beneficiadas con mecanismos alternativos.
Se llevaron a cabo 114 mil 671 cursos preventivos de violencia y para construir círculos de paz en escuelas de educación básica. Asimismo, se contabilizaron 12 mil 252 publicaciones en la Gaceta Oficial relacionadas con la regulación de derechos y obligaciones; 183 mil 955 apostillas legales y 176 mil 882 trámites en el Archivo General de Notarías.
Durante la actual administración, el Registro Civil ha expedido más de 2 millones 400 mil copias certificadas y constancias, además de corregir 26 mil actas. También se reportaron 368 personas que obtuvieron un acta de nacimiento acorde con su identidad de género, sumando un total de 724 en los últimos dos años.
En las materias civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario, la Consejería proporcionó cerca de 30 mil asesorías jurídicas. Actualmente cuenta con una plantilla de 642 personas defensoras públicas, 48 defensores para adolescentes, que brindaron 16 mil asesorías, y 25 peritos en trabajo social que realizaron 3 mil 500 estudios socioeconómicos.
PAN cuestiona disminución de 173 mil asesorías
La rendición de cuentas estuvo marcada por posicionamientos positivos de la bancada oficialista. Ante la ausencia del PRI, la principal figura opositora fue el diputado panista Mario Sánchez.
En su intervención, el legislador señaló que, mientras el Primer Informe de Gobierno registró 203 mil 61 asesorías civiles y familiares, el Segundo Informe reportó 29 mil 993 atenciones en materia civil, familiar y de arrendamiento, lo que representa una diferencia de 173 mil 68 asesorías.
El panista también exhibió una reducción en materia penal, que pasó de 106 mil 423 asesorías a 90 mil en el periodo actual. Sánchez exigió aclarar si hubo «un cambio en la metodología», si disminuyó la atención, cuántos asuntos se resolvieron y cuántas personas obtuvieron una defensa efectiva.
Además, señaló la falta de transparencia, la carencia de un proyecto ejecutivo público y la posible ausencia de permisos ambientales en la construcción de la Línea 5 del Cablebús en Álvaro Obregón y Benito Juárez, obra contra la que existen 18 juicios de amparo promovidos por vecinos.
Aunque reconoció el trabajo de la Consejería, el legislador insistió en que se necesitan acuerdos y disposiciones con mayor precisión para pasar «del diálogo a los hechos».
“Necesitamos conocer también sus cargas de trabajo, los expedientes que llevan y resultados que consiguen para la ciudadanía. El número de asesorías por sí solo no demuestra la calidad de la defensa. Y aquí tenemos una tarea constitucional pendiente”, aseguró.
A los reclamos se sumó la diputada panista Frida Jimena Guillén, quien criticó la desarticulación entre el Registro Público de la Propiedad, la Defensoría Social y la Jornada Notarial, al señalar que la falta de seguimiento y presupuesto deja indefensas a las familias frente al delito de despojo.
La respuesta de Cruzvillegas
Ante las críticas, Cruzvillegas justificó la disminución de asesorías al asegurar que el informe solo recopila atenciones en territorio capitalino y prometió enviar la «numeraria puntual». Además, afirmó que atienden hasta mil 600 asuntos semanales en coordinación con juzgados y fiscalías.
Respecto al Cablebús, la funcionaria admitió la existencia de los litigios, pero defendió la legalidad de la obra e invitó directamente a Sánchez a sumarse a las 35 asambleas informativas que su área ha encabezado junto con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el diputado Royfid Torres González respaldó la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero cuestionó la transparencia sobre la infraestructura actual de la justicia cívica.
“Necesitamos conocer a fondo la infraestructura que tiene hoy… cómo se está planteando reforzarla para que verdaderamente sea una herramienta ágil”, dijo, además de advertir que podría replicar la burocracia del Ministerio Público.
«Necesitamos muchas más reuniones de trabajo para ir viendo desde las adecuaciones normativas hasta la parte presupuestaria», sostuvo.
Pese al tono mayoritariamente favorable de la comparecencia, Cruzvillegas admitió que siguen existiendo temas pendientes.
«La idea es fortalecer, robustecer la infraestructura y dignificar también el papel del juzgador con seguridad pública. Queremos acortar los tiempos, tenemos que hacer todo el tema de digitalización, de proximidad… para que sea más ágil… Es fortalecerlo y mejorar este mecanismo», concluyó.