La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 59 millones de litros de combustible asegurados en instalaciones de Grupo Simsa, en Guanajuato, tienen procedencia legal, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) concluyera las investigaciones sobre el caso que, inicialmente, fue presentado como un histórico decomiso relacionado con presunto huachicol.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que las indagatorias determinaron que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con aspectos del transporte del hidrocarburo que ingresaba al centro de almacenamiento, situación que posteriormente fue solventada por la empresa. Añadió que Grupo Simsa acreditó contar con los permisos necesarios para el resguardo y manejo del combustible.
El caso cobró relevancia nacional después de que autoridades de Guanajuato anunciaran el pasado 17 de septiembre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal de almacenamiento. En ese momento, el hallazgo fue presentado como uno de los mayores golpes al robo de combustibles registrados en el país.
Las investigaciones federales se originaron tras la detención de una persona que descargaba diésel en una gasolinera del municipio de San Luis de la Paz. A raíz de ese hecho, las autoridades ampliaron las pesquisas hasta llegar a la terminal de almacenamiento donde se encontraba el combustible, cuya legalidad permaneció bajo revisión durante varias semanas.
De acuerdo con la cronología oficial, el cateo en las instalaciones se realizó el 4 de septiembre, aunque el aseguramiento fue dado a conocer públicamente casi dos semanas después. Posteriormente, la Fiscalía General de la República mantuvo abierta la investigación para verificar la procedencia, documentación, trazabilidad financiera y situación fiscal del hidrocarburo almacenado.
El 25 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la destitución del entonces delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, debido a irregularidades detectadas en el manejo del caso. Entre los señalamientos se encontraba la difusión pública de información antes de concluir las verificaciones correspondientes sobre el combustible asegurado.
En la misma conferencia, el Gobierno federal presentó un informe sobre el combate al llamado huachicol fiscal. El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que 180 empresas han sido dadas de baja por presuntos vínculos con esquemas de contrabando de combustibles.
Asimismo, Sheinbaum detalló que México mantiene activas 17 órdenes de aprehensión vinculadas a una investigación por tráfico ilegal de hidrocarburos y confirmó que tres de ellas corresponden a solicitudes formales de extradición presentadas ante autoridades de Estados Unidos por un caso relacionado con el transporte marítimo de combustibles en Tamaulipas.