En el Estado de México, la mujer otomí María Guadalupe Martínez fue condenada a 50 años de prisión tras un juicio que activistas califican como “fabricado” y carente de garantías mínimas de defensa. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso se llevó a cabo sin traductor para su lengua materna y sin perspectiva de género, lo que agrava las irregularidades de su caso.
Las acusaciones —que incluyen abuso sexual, secuestro y otros delitos— surgieron luego de que Martínez interpuso en 2021 una demanda de pensión alimenticia contra su exesposo, lo cual desencadenó una disputa en la que la nueva pareja de él presentó los señalamientos ahora penados.
Sus defensores señalan que en más del 70 % del tiempo de la espera de resolución, la mujer estuvo privada de su libertad tras una detención considerada irregular: fue subida a un vehículo sin orden de aprehensión y permaneció casi dos años en el penal del Altiplano.
Durante la audiencia de condena, presidida por el juez Víctor Martín Mejía Hernández, se denunció nuevamente la ausencia de intérprete para que Martínez comprendiera el proceso en su lengua indígena y la falta de un enfoque de género en la valoración de pruebas.
Martínez manifestó públicamente que la sentencia la castiga “por exigir un derecho para mis hijos, por no quedarme callada, pero no podrán encarcelar mi verdad ni la de tantas mujeres que luchamos por justicia”.
La familia y la organización que acompaña el caso sostienen que las pruebas presentadas carecen de sustento: por ejemplo, un dictamen médico que concluyó que las lesiones que se usaron como evidencia habían sido provocado por la propia parte acusadora, pero no fueron consideradas en la decisión judicial.
A la fecha, pese a los intentos por elevar el caso ante instancias superiores, incluida la presidencia de la República, el reclamo de revisión del caso no ha sido atendido.