El Comité Cerezo mediante un reciente informe dio a conocer que durante el 2021 la violencia se hizo presente en torno a las personas que se encargan de defender los derechos humanos, pues un total de 25 de ellos fueron asesinados; en los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel Lopéz Obrador ya van registrados un total de 59 casos de defensores asesinados, mientras que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra fue de 67 defensores asesinados.
Desde el 2008, el Comité Cerezo se ha dedicado a seguir la situación de las personas encargadas en defender los derechos humanos y ha señalado que las muertes de estos activistas es producto de “ejecuciones extrajudiciales (…) cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por las actividades de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.
La organización hizo hincapié en el alza de ejecuciones extrajudiciales contra defensores de derechos humanos en 2021, con respecto a 2020, año en que se registraron 17 asesinatos, resaltando que “la violencia que genera los homicidios en contra de la población en general en México, se mantiene de manera generalizada en todo el país”.
De los 25 asesinatos perpetrados a los activistas, 22 fueron hombres y 3 mujeres; el informe precisó que 7 ocurrieron en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Sonora, en Morelos y Guerrero, 2 en cada uno, en tanto que, en Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Colima y Campeche, 1 ejecución en cada entidad.
De los estados en que la organización ha registrado más ejecuciones, cinco gobierna Morena (Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Sonora), en tres el PRI (Oaxaca, Hidalgo y Colima) mientras que en uno más gobierna Movimiento Ciudadano (Jalisco) y en otro el Partido Encuentro Social (Morelos).
Cabe destacar que doce de las víctimas estaban dedicadas a la defensa del territorio, cinco a la vida digna, cuatro eran ambientalistas, dos enfocados a la defensa de derechos humanos, una a la defensa laboral y otra más a la libertad de expresión.
El Comité Cerezo comentó que, en nueve casos, las personas defensoras víctimas de ejecución extrajudicial eran indígenas, 19 mestizas y en cuatro casos no se pudo determinar su adscripción.
Asimismo, la organización comentó que “en los pasados 25 años, con gobiernos del PAN y el PRI, la violencia del Estado mexicano fue el uso del terrorismo de Estado como un medio para profundizar la política económica neoliberal en México”, en el actual sexenio “no existe una política homogénea a nivel federal estatal y/o municipal respecto al uso de la represión política”.
Luego de señalar que algunos estados mantienen estrategias de “control social mediante el terror”, de represión política y “contrainsurgente”, el Comité Cerezo puntualizó que esta última “nunca se ha dejado de aplicar y subordina a las otras dos a sus fines específicos y de la cual el gobierno federal también se beneficia”.
Al continuar insistiendo en que la política contrainsurgente se mantiene, el Comité Cerezo admitió que “es invisibilizada por el discurso oficial y mimetizada dentro del uso de grupos paramilitares ligados al narcotráfico al servicio, en este caso, de los estados con gobernadores neoliberales y de Chiapas, y otros estados donde gobierna Morena”.