La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el número de personas pendientes de localizar disminuyó alrededor de 30% respecto de noviembre de 2024. Destacó que la actual estrategia del gobierno de Clara Brugada busca fortalecer las localizaciones y actuar desde que se recibe un reporte, sin esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, explicó que en noviembre de 2024 el registro contabilizaba 7 mil 519 personas sin localizar y ahora registra 5 mil 226. Atribuyó los avances a una estrategia de casi año y medio que incluye una base confiable con información cruzada de la Federación, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía.
Precisó que los reportes permanecen en la plataforma pública y se actualizan cuando una persona es localizada, con vida o sin ella.
Ahí sigue el reporte, pero ahora cambia el estatus a localizado”, aclaró. El trabajo comprende búsquedas de casos antiguos, recorridos casa por casa y obtención de pruebas de vida de personas reportadas en años previos.
Las primeras 72 horas son para buscar
Alcalde afirmó que actualmente se localiza al 50% de las personas reportadas en las primeras 72 horas.
No es esperar 72 horas para poder presentar un reporte, es más bien fortalecer el trabajo en las primeras 72 horas”, puntualizó sobre la lógica de atención que busca consolidar la Fiscalía.
Explicó que todo reporte debe abordarse inicialmente considerando la posibilidad de un delito, incluso cuando los primeros datos apunten a una ausencia voluntaria. Para responder de inmediato, operan equipos de la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad que trabajan las 24 horas del día.
Atender las causas y proteger a quienes están en riesgo
Según la clasificación expuesta por la fiscal, el 3% de los casos denunciados corresponde a desapariciones vinculadas con delitos como secuestros u homicidios con ocultamiento del cuerpo. Señaló que el 97% restante responde a otras problemáticas y situó en 86% las “ausencias voluntarias”, entre las que identificó contextos de violencia familiar, adicciones o problemas psiquiátricos.
También distinguió los reportes por sustracción de menores derivados de conflictos entre parejas, que pueden incorporarse al registro mediante una alerta Amber aun cuando se conozca su ubicación. Sobre prevención, planteó atender las causas de las ausencias reiteradas, fortalecer el trabajo frente a delitos sexuales contra menores y actuar antes de que una persona en riesgo sea víctima de otro delito.
Alcalde reconoció que todavía existen problemáticas por atender y que la tarea está incompleta. Por último, destacó la participación de las familias en la construcción de la política de búsqueda:
Es gracias a ellas que la política pública se ha logrado fortalecer gracias a sus exigencias”.
Con información de López-Dóriga Digital