Fortalecer la prevención y evitar las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como garantizar la transparencia y rendición de cuentas del mecanismo para su protección, están entre los principales retos del Estado.
Lo anterior se deriva de la tercera Mesa Técnica de Parlamento Abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en donde se destacó que la impunidad lacera la defensa de ambos actores sociales.
El 30 de abril se presentó la iniciativa, que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos seis y 73 constitucionales y proyecto de Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Por ello se llevan a cabo seis mesas de trabajo que concluirán el mes próximo en un ejercicio de Parlamento Abierto, con el propósito de discutir los temas de mayor relevancia vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, periodístico y defensa de derechos humanos.
El objetivo es generar un instrumento técnico para la realización del dictamen correspondiente, mediante tres mesas de trabajo con la participación de representantes de la sociedad civil y del gobierno, por lo que destaca la necesidad de revisar la estructura de la Junta de Gobierno del mecanismo actual de protección, ante la falta del fortalecimiento de políticas públicas.
A su vez, el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos debe coordinarse con el mecanismo de desaparición forzada y la ley debería crear una instancia de implementación.
También se hizo referencia a la importancia de generar un plan de retorno de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que, por seguridad, son desplazadas de sus lugares de origen, con lo que pierden vida profesional, familiar y social.
En cuanto a los perfiles profesionales que operan el mecanismo se consideró de vital importancia llevar a cabo una estricta selección de personal que cuente con capacitación y conocimientos adecuados en torno al tema.
Destacó la importancia de analizar la posibilidad de que el mecanismo de protección se convierta en un órgano descentralizado, para obtener mayor autonomía e imparcialidad, ya que en la actualidad depende la Secretaría de Gobernación.
FUENTE ; NOTIMEX , CANDELERO 23-07-19