Jesús Te Ampare 1ª. Parte
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La seguridad no se proclama. Se garantiza. La democracia no se presume. Se ejerce. Y la impunidad no se combate con discursos, sino con justicia.
En política, las diferencias no siempre se encuentran en las palabras. A menudo se revelan en las decisiones, en las omisiones y, sobre todo, en la manera en que cada gobernante entiende el ejercicio del poder.
Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum representan dos estilos profundamente distintos de conducción política. Dos concepciones del Estado. Dos maneras de enfrentar la inseguridad y dos discursos que, cuando se contrastan con la realidad, merecen un examen mucho más riguroso que el aplauso de sus respectivos seguidores.
El presidente salvadoreño ha construido buena parte de su legitimidad sobre una premisa contundente: ningún Estado puede considerarse soberano mientras el crimen organizado gobierne sus calles.
Y en ese terreno, los resultados de El Salvador son difíciles de ignorar.
Un país que durante décadas padeció el dominio territorial de las pandillas experimentó una transformación radical en sus condiciones de seguridad. Barrios anteriormente sometidos a la extorsión recuperaron espacios de convivencia. Miles de integrantes de estructuras criminales fueron encarcelados y la violencia homicida registró una reducción extraordinaria.
Pero sería intelectualmente deshonesto omitir la otra cara de esa transformación: las denuncias de detenciones arbitrarias, las restricciones a las garantías individuales y los cuestionamientos internacionales sobre la concentración del poder.
Porque la seguridad es indispensable para la democracia, pero jamás debería convertirse en pretexto para prescindir de ella.
En México, entretanto, el desafío presenta dimensiones mucho más complejas.
Claudia Sheinbaum recibió un país profundamente lastimado por la violencia, con regiones donde las organizaciones criminales han disputado al Estado funciones que constitucionalmente le corresponden.
La presidenta ha procurado imprimir una orientación distinta a la estrategia de seguridad heredada de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, persiste una interrogante que ningún discurso oficial consigue disipar:
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando la exigencia de justicia alcanza a los integrantes de su propio movimiento?
Porque combatir la delincuencia exige mucho más que capturar criminales de bajo perfil. Requiere desarticular redes financieras, investigar complicidades institucionales y demostrar que el poder político no constituye un salvoconducto frente a la ley.
La corrupción no adquiere legitimidad por cambiar de partido. Tampoco desaparece porque sus protagonistas se proclamen representantes del pueblo.
Y aquí emerge una de las contradicciones más delicadas de la llamada 4T: la distancia entre su discurso de regeneración moral y los cuestionamientos que han rodeado a diversos personajes vinculados con su proyecto político.
No basta con invocar la honestidad como principio revolucionario. Hay que acreditar su vigencia en los tribunales, en las investigaciones y en las responsabilidades efectivamente sancionadas.
La justicia que distingue entre adversarios y aliados deja de ser justicia para convertirse en instrumento de conveniencia política.
En el terreno internacional, las diferencias también merecen atención.
La política exterior mexicana ha mantenido una relación de interlocución y cooperación con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyas prácticas democráticas y condiciones de derechos humanos han sido objeto de severos cuestionamientos.
ceciliogarciacruz@hotmail.com