(II parte)
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En la colaboración anterior expusimos, mediante datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020-2022), del INEGI, la manera en que la política social, económica y laboral de la 4T consiguió elevar el ingreso de las familias mexicanas más desprotegidas en plena pandemia, lo que representa un logro muy importante para un Gobierno que tiene como divisa “primero los pobres”.
Esto es resultado de la inyección más importante de recursos presupuestales directos a través de 18 programas sin precedentes en la política social de México. Así, para este año, la transferencia directa de recursos presupuestales a siete de cada 10 familias sumará 800 mil millones de pesos, esto es, alrededor del 10 por ciento del presupuesto global de la Federación.
Hay que subrayar que se trata de una transferencia financieramente sana, porque no se paga con inflación, deuda o la emisión primaria de dinero, sino cobrando impuestos a quienes no pagaban, recortando el gasto corriente de manera sustancial y combatiendo la corrupción en la asignación de los contratos públicos.
En política económica, el régimen de la 4T está entregando buenas cuentas, ya que se eliminó el tope al incremento en los salarios mínimos.
También se redujo el precio de combustibles, del IVA e ISR fronterizos; se aplicó un subsidio directo al IEPS de las gasolinas y el diésel por más de 500 mil millones de pesos, para contener la inflación. Asimismo, se eliminó la condonación fiscal; se redujo considerablemente el gasto burocrático y se actuó con total disciplina financiera, prescindiendo de nueva deuda pública y de la creación de nuevos impuestos.
Del mismo modo, los casi 800 mil millones de pesos repartidos entre los 18 programas sociales implementados por el Gobierno federal representan una inyección directa al consumo, lo cual, a su vez, se traduce en un mayor dinamismo económico y la inhibición de los fantasmas de la recesión.
Pero no es la única explicación que debemos anotar para esta reversión de la pobreza en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad: la estabilidad en la política macroeconómica también ha sido un factor importante. Controlar la inflación, no aumentar la deuda pública, fortalecer el peso frente al dólar, no incrementar las tarifas de energía y combustibles, estabilizar los precios de la canasta básica y, en suma, todos los fundamentos que celosamente guardaba el neoliberalismo están ahora presentes en la 4T, pero al servicio de una mejor distribución de la riqueza y no de su concentración, como hicieron los últimos gobiernos del PRI y del PAN.
Además, de manera indirecta, la conducción adecuada en materia de política exterior ha dejado buenos dividendos, que se pueden ver reflejados en la estabilidad macroeconómica, el aumento de la inversión extranjera directa y la disponibilidad de mayores divisas, lo que contribuye a la apreciación del peso.
La suscripción del T-MEC dio una mayor apertura a la inversión extranjera. Se adoptó una postura crítica respecto al intervencionismo, buscando siempre privilegiar el diálogo como el principal medio para encontrar soluciones a los conflictos entre países o al interior de éstos. Asimismo, cuando México ocupó la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe del Estado mexicano discurrió sobre los temas de corrupción, desigualdad, inclusión y conflictos armados; también presionó para abatir el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras, y se centró en la colaboración y coordinación entre los principales órganos de las Naciones Unidas para concretar la agenda de paz y seguridad internacional.
Por otra parte y como se ha subrayado, no hay mejor política exterior que la interior. En tal sentido, se dio un ejercicio inédito de rendición de cuentas, a través de las conferencias presidenciales matutinas. Además, para efectos de consolidar la incipiente democracia mexicana, se dio paso a distintos instrumentos de la democracia directa, como las consultas populares y la revocación de mandato, así como la eliminación del fuero presidencial.
En materia de seguridad y justicia se creó la Guardia Nacional, se realizó la reforma judicial y se concretó la eliminación de la Policía Federal, medidas que se convirtieron en algunos de los pilares para afrontar el grave problema de la violencia que se vive en México, y generar las condiciones de estabilidad interna que garanticen la seguridad de las inversiones y la protección del patrimonio de las y los ciudadanos.
Por otra parte, el ingreso sostenido de remesas entre las familias más pobres es otro factor que influyó notablemente en un mejor ingreso en plena pandemia.
Su impacto económico es evidente, ya que registraron un incremento del 270 por ciento, al pasar de 22 mil millones de dólares en 2006 a casi 60 mil millones de dólares en 2022, mientras que la población de connacionales en Estados Unidos pasó de 12 millones a 36 millones, es decir, aumentó en un 300 por ciento.
Esto se traduce en que, aproximadamente, 10 millones de hogares (de los 38 millones que hay en el país) reciben, en promedio, 300 dólares mensuales, los cuales, aunados a los apoyos de los programas sociales, permiten atender las necesidades en materia de alimentación, vestido, salud y mejoras al hogar.
La combinación de remesas y programas sociales atenuó los golpes económicos de la pandemia, como el cierre de empresas, el desempleo y la falta de atención médica.
Haciendo uso de sus facultades soberanas, el Gobierno federal no acudió al endeudamiento durante la pandemia.
La reconversión hospitalaria, así como la compra de vacunas y de equipo contra la COVID-19 se realizaron con cargo al gasto público corriente, y se optó por la eliminación de una centena de fideicomisos públicos que gravitaban sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es decir, las buenas decisiones gubernamentales ayudaron a sortear o amortiguar el escenario de crisis. La austeridad republicana, combinada con la decisión atinada de no aumentar impuestos ni adquirir deuda, evitó caer en el supuesto de una burbuja financiera, a causa del alto nivel de apalancamiento de gobiernos y empresas globales.
Por supuesto que falta mucho por hacer para lograr una menor desigualdad social. La misma encuesta del INEGI revela los desequilibrios persistentes en términos de ingresos por género, regiones, grupos de edad y, por supuesto, nivel educativo.
No olvidemos que el igualador social más importante sigue siendo la educación y el nivelador fundamental, la salud.
Ambos representan un reto insoslayable para la 4T. Pero en este terreno también tenemos forma de avanzar y lograr mejores resultados.
De ahí la importancia de plantear, en el contexto de la próxima renovación de Poderes, la continuidad y profundización de aquello que ha funcionado (como el combate a la pobreza), así como la realización de cambios en donde las desigualdades exigen mayor atención y énfasis, como en la educación y la salud. Pero de algo no hay duda: la transformación seguirá su curso.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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