Por: Ricardo Monreal Avila
Todo régimen en el pasado ha tenido que echar mano de la labor de intelectuales para justificar acciones al amparo de ciertas ideologías que apoyan las decisiones del grupo dominante, actuando orgánicamente con él.
Ejemplo de este tipo de prácticas las encontramos en los diferentes regímenes de gobierno; basta recordar todo el aparato científico e ideológico que estuvo al servicio de la cúpula del Partido Comunista en la extinta Unión Soviética o aquel que formó parte del nacionalsocialismo alemán durante la primera mitad del siglo pasado.
En nuestro país, la existencia de personajes con formación académica que han acompañado o formado parte de las cúpulas políticas ha sido una constante; recuérdese la existencia del grupo de Los Científicos en el régimen porfirista, los cuales lo apoyaron durante buena parte de su dictadura y cuya influencia fue determinante para la toma de decisiones a lo largo de ese periodo.
Ese grupo defendió constantemente la mano dura y las políticas de apertura a los capitales extranjeros para propiciar la inversión en México, privilegiando el “orden” y el “progreso” no sólo como eslogan de aquel gobierno, sino como una sistemática política de Estado, de la cual Los Científicos fueron ampliamente responsables.
De la misma manera, al concluir el movimiento revolucionario, el grupo sonorense que se apostó en el poder echó mano de la labor de intelectuales afines a su causa, para delinear el nuevo proyecto nacional. La creación del Partido Nacional Revolucionario a la muerte de Álvaro Obregón tuvo el propósito de aglutinar en torno suyo una fuerte base popular, y además convocó a políticos, dirigentes sindicales —obreros y campesinos— y grupos de empresarios e intelectuales.
La actividad intelectual permitió justificar las acciones de los regímenes posrevolucionarios. Friedrich Katz, historiador de la Revolución mexicana, afirmó que: “…el nuevo grupo en el poder, necesitaba crear además una ideología que unificara a los elementos diferentes que había dentro y fuera de los grupos revolucionarios. Y para esto, necesitaba del trabajo de los intelectuales…”. Los proyectos de unidad nacional, por medio de la universalización de la lengua y el combate al analfabetismo, fueron producto del trabajo de prominentes intelectuales, como José Vasconcelos, por ejemplo.
La influencia de los grupos de intelectuales llegó incluso a trastocar la producción artística: el muralismo mexicano, con toda la belleza y esplendor que caracterizó a las obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, entre otros, representó palpablemente la ideología del proyecto de nación pensado desde la cúspide del poder a la que pertenecieron.
La 4T también colabora de cerca con intelectuales provenientes de diversas disciplinas del conocimiento, cuya labor está orientada a buscar soluciones efectivas a los problemas que enfrenta nuestro país en la actualidad y que, además, buscan establecer los parámetros indispensables para propiciar un cambio sustancial y democrático dentro de la administración pública en México.
Max Weber, personaje de gran relevancia dentro de la teoría sociológica clásica, en su texto “El político y el científico”, advirtió la existencia de una relación simbiótica entre el actor político y el actor intelectual. Para él, la labor intelectual no gozaba de una “neutralidad cognitiva”, pues hay determinaciones ideológicas presentes en esta actividad; por otro lado, el político tiene la pretensión de hacer de sus acciones “verdades científicas”. Ambos actores, en algún punto de sus actividades, pueden presentar desencuentros o diferencias.
En días pasados, un grupo de intelectuales manifestó su pretensión de formar una “alianza ciudadana” junto con la oposición, en aras —aseguraron— de construir un bloque opositor para que en 2021 la Cámara de Diputados vuelva a ser el contrapeso que por naturaleza le corresponde ser.
Ante este comunicado, el presidente de la República hizo pública una réplica, y, en respuesta, integrantes de ese grupo arguyeron que era inconcebible que, ante los problemas tan severos que enfrenta el país, el mandatario se atreviera a arremeter contra esta agrupación.
La virtud de la democracia es la apertura al diálogo y el derecho de réplica del que gozan los actores involucrados. Guardar silencio y no contestar, no hace más democrática la postura del actual presidente, ni su labor ni sus pretensiones de transformar la vida pública del país.
Los intelectuales orgánicos de los regímenes pasados se habituaron a emitir juicios de cuando en cuando, para cumplir cierto rol aparentemente crítico dentro de los círculos de poder. Los presidentes en turno se hacían de la vista gorda y se limitaban a no responder.
A este grupo de intelectuales, que hoy se asume como bloque opositor, le parece que poco más de 30 millones de votos no son suficientes para legitimar a un gobierno emanado de la histórica lucha por democratizar al país, que comenzó a finales de los años sesenta del siglo pasado, que tuvo un cenit en el periodo electoral de 1988 y que, finalmente, después de elecciones fraudulentas que violaron abierta y descaradamente el orden constitucional, conquistó el triunfo en las urnas por el voto genuino de millones de mexicanas y mexicanos.
La 4T está cimentada en fundamentos genuinamente democráticos, por eso la mayoría emanada de la coalición Juntos Haremos Historia en ambas cámaras legislativas es completamente legítima, lo que no significa que estas mayorías tengan un carácter servil, como sucedía antaño; las y los representantes de la 4T en el Congreso de la Unión están comprometidos con los principios democráticos, asumiendo los trabajos parlamentarios con responsabilidad y en beneficio de todo el país.
No es extraño que ciertos grupos de intelectuales alcen la mano en favor del statu quo que imperó durante mucho tiempo en el país, sobre todo si se vio comprometida su relación con el poder; muchos de ellos mantienen vínculos con dirigentes políticos y proyectos partidistas de administraciones anteriores. No son “intelectuales vírgenes” en forma alguna; están embebidos de la “neutralidad” a que hace referencia Weber en “El político y el científico”: fariseísmo intelectual.
Sobra decir que la acusación que hacen de un supuesto “totalitarismo” existente hoy en México es más un recurso retórico alarmista que un hecho comprobable: si la ciudadanía cree que la 4T no representa sus intereses, lo expresará abiertamente en las urnas en 2021; la misma vía por la que la 4T se erigió en una histórica mayoría democrática. Aun más: si la ciudadanía considera que el presidente de la República no ha desempeñado un buen papel en el cargo que se le confirió, podrá revocar su mandato y elegir a un nuevo titular del Ejecutivo federal, ¿a esto se le puede llamar autoritarismo?
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