La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos provenientes del presupuesto de Nuevo León, durante la administración del gobernador Samuel García. De acuerdo con el organismo fiscalizador, parte de los recursos habría llegado a un despacho jurídico vinculado con el mandatario y su padre, Samuel Orlando García.
La denuncia fue presentada el 16 de octubre, según el registro publicado por la propia ASF. El caso forma parte de las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2025, en las que se identificaron posibles operaciones simuladas y transferencias de dinero público a empresas relacionadas con personas cercanas a servidores públicos.
En el informe entregado a la Cámara de Diputados, la auditoría expuso un esquema que describe cuatro rutas principales de transferencia de recursos desde el gobierno estatal hacia distintas empresas y, posteriormente, al despacho jurídico relacionado con la familia García. En total, 928.13 millones de pesos habrían llegado a esa firma mediante las operaciones señaladas.
Una de las rutas habría comenzado con una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a una constructora. Esta empresa habría enviado 5 mil 154.6 millones a otra compañía, que posteriormente transfirió 385.3 millones de pesos al despacho jurídico.
En una segunda operación, la administración estatal habría pagado 964 millones de pesos a una comercializadora. De esa cantidad, 237 millones fueron transferidos a una empresa de alimentos, que habría enviado 202.9 millones al despacho. El resto de los recursos se habría distribuido entre tres particulares.
La ASF también identificó una transferencia de 243 millones de pesos a una empresa de servicios, que posteriormente pagó 65.5 millones a una consultoría. Esta última habría conservado 2.6 millones y entregado el resto al despacho jurídico.
La cuarta ruta señalada involucró 154.2 millones de pesos transferidos a otra compañía, que realizó pagos por 144.4 millones a una empresa de equipamiento. De esta última operación, 77.03 millones habrían terminado en el despacho relacionado con los García.
El auditor superior, Aureliano Hernández, señaló que las investigaciones en Nuevo León y Sinaloa permitieron identificar posibles esquemas de triangulación, simulación de operaciones y patrones de transferencia de recursos públicos mediante pagos a proveedores. Explicó que el organismo fiscalizador ha reconstruido los movimientos del dinero y sus posibles destinos finales.
El documento también menciona una investigación sobre presuntas irregularidades en Sinaloa durante el gobierno del exmandatario Rubén Rocha Moya. En ese caso, la ASF detectó contratos de obra pública adjudicados por dependencias estatales y municipales a una constructora constituida por sus dos hijos, quienes habrían desempeñado funciones como accionista, administrador único y apoderado legal.
De acuerdo con la auditoría, la empresa recibió depósitos que superaban ampliamente los montos correspondientes a la obra pública contratada y realizó transferencias entre sus propias cuentas. Además, habría enviado recursos a los hijos de Rocha Moya después de que estos dejaron de formar parte de la compañía. Parte del dinero habría sido utilizado para efectuar pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago de préstamo”.
Las investigaciones de ambos casos forman parte de las acciones de fiscalización sobre el uso de recursos públicos y las posibles operaciones irregulares en gobiernos estatales y municipales. Las denuncias deberán ser investigadas por las autoridades ministeriales para determinar si existen responsabilidades penales.