El gobierno de Argentina oficializó la incorporación del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida con la que busca reforzar su estrategia contra el crimen organizado transnacional y las amenazas a la seguridad nacional.
La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La administración del presidente Javier Milei argumentó que estas organizaciones poseen capacidad operativa transnacional y representan riesgos potenciales que trascienden las fronteras de sus países de origen.
En el caso del Cártel de Sinaloa, el Ejecutivo argentino sostuvo que se trata de una estructura criminal dedicada a actividades como narcotráfico, contrabando y secuestro. Además, destacó que ya ha sido catalogada como organización terrorista por otras naciones, entre ellas Estados Unidos, por lo que consideró necesaria su inclusión dentro de los mecanismos de control y vigilancia del Estado argentino.
Respecto a La Nueva Familia Michoacana, las autoridades señalaron presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas y actividades de minería ilegal. Asimismo, advirtieron sobre la expansión regional de esta organización, cuya presencia se concentra principalmente en distintas entidades del centro y sur de México.
La resolución también incorpora a Los Tiguerones, grupo criminal originario de Ecuador al que las autoridades argentinas atribuyen actividades relacionadas con el narcotráfico y la violencia organizada. Según el gobierno, esta organización surgió tras una escisión de Los Choneros y mantiene una estructura criminal con capacidad de operar en distintos territorios.
En cuanto a las FARC-EP y al ELN, la Casa Rosada argumentó que ambas agrupaciones insurgentes desarrollaron redes y estructuras con alcance regional. De acuerdo con la postura oficial, dicha capacidad podría proyectar riesgos para Argentina, motivo por el cual fueron integradas al registro especializado en terrorismo y financiamiento ilícito.
El gobierno de Javier Milei sostuvo que la medida forma parte de una política orientada a combatir organizaciones que recurren a la violencia, la intimidación y otras actividades ilícitas para alcanzar sus objetivos. Asimismo, reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
La incorporación de estas cinco organizaciones al RePET fue coordinada por diversas dependencias federales, entre ellas la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. El registro tiene como finalidad concentrar información sobre personas y entidades vinculadas con actividades terroristas o su financiamiento, además de facilitar la cooperación nacional e internacional en materia de seguridad.
La normativa argentina establece que, para integrar organizaciones extranjeras al registro, las autoridades competentes deben evaluar la existencia de amenazas reales o potenciales para la seguridad interior, la población o los intereses nacionales. Previamente, este mecanismo ya había sido utilizado para incluir a otras organizaciones consideradas de riesgo por el gobierno argentino.