En reunión extraordinaria realizada este sábado, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos aprobaron dos dictámenes y el mismo número de Minutas; el primero crea una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otro expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Los dictámenes se votaron por separado, por lo que el relativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obtuvo seis votos a favor y dos en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, y 10 a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez.
En cuanto de la Minuta que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, sumó siete votos a favor y cuatro en contra de la Comisión de Seguridad Pública, y nueve a favor y cuatro en contra de la Comisión de Estudios Legislativos.
Al referirse a los temas, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como un eje rector de la seguridad en el país. Por otro lado, recordó que el sistema penal mexicano desde sus orígenes no usaba la inteligencia, pero hoy “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.
“Estamos inmersos en factores de geopolítica, por eso debemos entender los avances que podamos incluir para atender los temas que más demanda el pueblo de México: paz y seguridad”, comentó.
Añadió que la segunda Minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y amenazas, y el fin es establecer un sistema de inteligencia bajo principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.
El dictamen que crea la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así como fijar mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.
Define el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, principios, normas, instituciones, instalaciones, estructuras, técnicas, programas, políticas, procedimientos y servicios destinados a cumplir con los fines de la seguridad pública establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Precisa que las Instituciones de Seguridad Pública, en coadyuvancia y corresponsabilidad, deben promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y acciones de seguridad pública.
Además, distribuye entre los tres órdenes de gobierno competencias específicas para el ejercicio de la función concurrente de la seguridad pública, a fin de que se coordinen de manera eficiente, transparente y responsable.
Refiere que corresponderá a la Federación proponer a las instituciones que integran el Sistema, las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. A su vez, a la Federación, a las entidades federativas y los municipios corresponderá aplicar y supervisar los procedimientos relativos al desarrollo policial y al servicio profesional de carrera, así como garantizar la profesionalización del personal.
El dictamen también especifica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete Federal de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de
Secretarías de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, las mesas de paz, los consejos locales, y el Secretariado Ejecutivo.
Define la integración, atribuciones y funciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Gabinete Federal de Seguridad Pública, de las Conferencias Nacionales, de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, entre otras instancias.
Otro punto relevante es la creación de las mesas de paz, que son las instancias de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones de las entidades federativas en materia de seguridad pública; asimismo, los consejos locales.
En cuanto al dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, señala que tiene por objeto establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema en la materia, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, a fin de hacer eficientes los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social.
Define dicho sistema como un mecanismo de coordinación que contribuye a la seguridad nacional y a la pacificación del país, en apego a la normativa aplicable y al respeto de los derechos de la ciudadanía. Indica que la inteligencia, junto con la investigación, deberá ser considerada como parte de las estrategias que en materia de seguridad pública implemente el Gobierno Federal para la construcción de la paz en todo el territorio nacional.
Subraya que el Sistema Nacional se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad, profesionalismo, cooperación, coordinación, oportunidad, necesidad, precisión, eficacia, eficiencia, lealtad, proporcionalidad, honestidad y confidencialidad, y se orientará por los valores de patriotismo, humanismo mexicano, federalismo cooperativo, respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
Entre los objetivos del sistema, resaltan diseñar y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración para que la información contenida en registros, registros administrativos, bases de datos y demás fuentes de información sean consideradas de utilidad para las tareas de inteligencia en seguridad pública en posesión de las autoridades y de particulares.
Además, aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia para consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información en la creación de bases de datos y productos de inteligencia mediante el análisis criminal, para la prevención del fenómeno delictivo.
También contar con una plataforma de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública.
El Sistema Nacional, precisa, estará conformado por el Consejo Nacional, que lo dirige, toma decisiones y ejecuta estrategias; por la Secretaría, que lo coordina, el CNI, que lo gestiona y opera.
Se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que utilizará la Plataforma Central de Inteligencia para realizar acciones de investigación e inteligencia en seguridad pública y desarrollar productos de inteligencia mediante el intercambio efectivo de información.
Además, contará con agentes analistas, investigadores de gabinete y de campo, así como con especialistas técnicos capacitados y certificados, y cuando existan elementos suficientes para ello, dichos agentes pondrán a disposición del Ministerio Público la información obtenida, con la finalidad de que éste último la analice y determine la pertinencia de su integración a las carpetas de investigación.
En cuanto al CNI, podrá consultar, procesar, sistematizar, integrar, analizar y, en general, utilizar la información a la que tenga acceso a través de los mecanismos de coordinación y colaboración del Sistema Nacional. Asimismo, realizar investigaciones para la prevención de los delitos mediante el uso de cualquier tecnología.
Añade que todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros y registros administrativos deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con lo previsto en la ley.
De igual forma, incluye definiciones del Sistema Nacional de Información, la Plataforma Única de Identidad, Criterios técnicos y de homologación, así como Análisis criminal y productos de inteligencia.
En el apartado transitorio de la minuta, se fija que la Plataforma Central de Inteligencia deberá iniciar operaciones en su totalidad en un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.
Al comentar los dictámenes, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, subrayó que no debe perderse de vista la delgada línea entre la seguridad y la afectación a los derechos y libertades. “Compartimos el interés por resolver el tema de seguridad y estamos a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, porque invade la privacidad y atenta contra las libertades”, precisó.
La senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, afirmó que ambos dictámenes fortalecen la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en las tareas de seguridad y se reconoce con claridad a la Guardia Nacional como parte fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Son reformas con visión de Estado que priorizan la investigación y la tecnología como herramientas esenciales para la seguridad”, dijo.
Del PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís consideró que ambas minutas en apariencia buscan fortalecer la seguridad pública y la inteligencia, pero en realidad son un grave retroceso que amenaza la democracia, los derechos humanos y la autonomía de los estados y municipios. “Con esto se consolida la militarización de la seguridad pública, porque se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional; es decir, se ignora el artículo 21 constitucional”, señaló.
Gustavo Sánchez Vásquez, senador del PAN, adelantó que su grupo Parlamentario votará a favor de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque refuerza el federalismo y busca mejorar la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno; sin embargo, irán en contra de la ley sobre el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, porque tiene claros rasgos de amenaza a la privacidad y un modelo de vigilancia sin controles.
La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, aseguró que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un ordenamiento para responder a las problemáticas actuales. “Se adecua a una estrategia de seguridad que tiene una visión progresista y hace uso de la inteligencia para evitar los delitos. Se trata de un sustento jurídico al gabinete federal de seguridad, lo que también significará que los estados adopten el mismo modelo”, explicó.
Tras su aprobación, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath instruyó remitir los proyectos a la Mesa Directiva para continuar con el trámite legislativo.