x.- También, se avalaron cambios para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), aprobó un dictamen en materia de acoso sexual y hostigamiento laborales en el servicio público y otro, relativo a armonización con el procedimiento de elección de jueces y magistrados contenida en la reforma al Poder Judicial.
Acoso sexual y hostigamiento laboral.
Con la unanimidad de 27 votos a favor, la instancia legislativa aprobó en lo general el dictamen que adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de acoso sexual laboral y hostigamiento laboral.
Mientras que, en lo particular, aprobó con la unanimidad de 29 votos a favor una reserva para agregar “sin tener una relación de subordinación” y “ejercicio del poder en una relación de subordinación o autoridad”.
El artículo 64 Quáter quedó: “Se establece que será responsable de acoso sexual la persona servidora pública que, sin tener una relación de subordinación, ejerza acciones, comportamientos, expresiones físicas o verbales, o cuestionamientos de tipo sexual, con el fin de causar perjuicio a una persona”.
El 64 Quintus dice: “Incurrirá en hostigamiento la persona servidora pública que, valiéndose de su posición jerárquica y/o ejercicio del poder en una relación de subordinación o autoridad, ejerza acciones, comportamientos, cuestionamientos, expresiones físicas o verbales reiteradas con fines sexuales, ofensivos o degradantes, con el fin de causar perjuicio a una persona”.
El dictamen precisa que el acoso laboral o mobbing no es una conducta tipificada en el Código Penal, solo se encuentra en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3 Bis, en donde se define como “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”.
La reforma se armoniza con lo que mandata la Constitución Política en materia de responsabilidad y las leyes federales o generales en la materia, con relación a proteger los derechos de igualdad, dignidad, integridad física y psicológica, como lo plantea el análisis previamente realizado.
Representa un esfuerzo por definir dos conductas que actualmente no tienen lugar en materia de responsabilidades administrativas y dichos actos pueden ser ejercidos por servidores públicos o particulares que incurren en faltas administrativas graves; por ello, se pretende introducir los conceptos en el citado ordenamiento y en aras de tener concordancia con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Trabajo, con relación a dichas definiciones.
Mejía Berdeja externó que en el cuerpo del dictamen se será enfático en los antecedentes, para que se haga mención de la iniciativa del Congreso de Aguascalientes que recibió la Comisión anterior, su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados y la minuta de la pasada Legislatura remitida al Senado; hay que darle el mérito a cada quien”.
Detalló que el diputado Ramírez Barba propuso hacer una breve modificación a los artículos 64 Quáter y 64 Quintus, a fin de contemplar la relación de subordinación y el ejercicio de poder en una relación.
La promovente de la Iniciativa, diputada Lilia Aguilar Gil (PT,) señaló que es una progresividad de derechos sobre las víctimas del acoso y el hostigamiento; se busca que cuando sean cometidos por personas servidoras públicas se consideren como faltas administrativas graves, dado el crecimiento que hay de abuso que no solamente tiene que ver con la subordinación sino con la figura jerárquica que los promueve.
Añadió que, con ello, se garantiza que las personas sancionadas por estas faltas sean inscritas en el Sistema Nacional de Servicios Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional, con el fin de evitar que estas personas agresoras, hombres o mujeres, sean contratadas, nombradas o designadas nuevamente en el servicio público. “Debemos garantizar la seguridad emocional y física de las personas”.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) dio su respaldo al dictamen y presentó dos propuestas de modificación para mejorar el proyecto, con el objetivo de distinguir con claridad conceptual y jurídica los términos “acoso sexual” y “hostigamiento laboral”, para evitar ambigüedades en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) la reforma avanza en tres frentes: nombra y define con claridad dos conductas que han afectado históricamente a mujeres en sus espacios de trabajo: el acoso sexual y el hostigamiento. Establece consecuencias claras y contundentes: la suspensión, destitución o inhabilitación del servidor público que incurra en estas conductas, y garantiza la inscripción de las sanciones en la Plataforma Digital Nacional como medida de transparencia y de no repetición.
De MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino felicitó a la diputada Aguilar Gil, promovente de la iniciativa, y destacó la importancia de diferenciar el hostigamiento entre el acoso sexual laboral, que muchas veces daña la autoestima de la persona afectada y el ambiente laboral.
La diputada Margarita García García (PT) dijo que la reforma es importante, dado que “efectivamente no solamente es un tema de hombres, sino últimamente hemos visto cómo las mujeres pareciera que nos han dado el poder para denigrar, porque es denigrar al trabajador o a la trabajadora. En el PT siempre estamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras, velando por sus derechos y vamos a votar a favor”.
El diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) subrayó que la violencia y el hostigamiento contra las mujeres son prácticas que deben desaparecer, ya que no deben permitirse conductas que obstaculicen el pleno desarrollo de las mujeres en el mercado laboral.
A su vez, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) resaltó que el acoso sexual y el hostigamiento no son solo imprudencias, sino violencias, abusos de poder y traición al servicio público. Estas reformas son urgentes y necesarias, ya que nombran al acoso sexual y al hostigamiento como faltas administrativas graves, marcan un límite y mandan el mensaje de que no se toleran en el servicio público. Dio su respaldo a la propuesta para distinguir que el acoso sexual puede existir sin jerarquía formal, así como en el hostigamiento.
Del PAN, la diputada Carmen Rocío González Alonso invitó a las y los legisladores a sumarse y complementar el dictamen con los antecedentes y reservas presentadas desde su grupo parlamentario. “Si de verdad existe un compromiso, todas y todos estaremos de acuerdo en la reserva que presentamos desde nuestro grupo parlamentario”.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) externó su reconocimiento a la diputada Lilia Aguilar por promover el tema. “En el PRI siempre estaremos firmes y listos para apoyar este tipo de iniciativas y reformas que fortalecen sobre todo a las mujeres”.
Reformas en materia de armonización
Con 26 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Comisión ratificó el dictamen que reforma las fracciones IV, VI y VII del artículo 69 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de armonización con la reforma al Poder Judicial, y sustituir “designación” por “elección” de los jueces y magistrados.
El documento indica que el pasado 20 de marzo del año en curso se aprobó la creación de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y hace referencia, en su artículo 69, a la información de sujetos obligados del Poder Judicial en donde debe poner a disposición del público datos como los procesos y procedimientos de la elección de jueces.
Señala que dicho artículo aún menciona los procesos anteriores que se hacían y el proceso de designación, sin que ya sea así, ya que a partir de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, los jueces y magistrados son por elección y no por designación. Hace notar que el principal objetivo es corregir el texto, toda vez que hace referencia a dichos procesos y procedimientos de designación y ratificación, cuando ya no es así.
Asimismo, destaca la importancia del proceso de armonización legislativa, el cual asegure la efectividad y facilite la implementación efectiva de los tratados internacionales de derechos humanos, evitando así contradicciones en las leyes y creando un marco que brinde certeza jurídica a la ciudadanía.
En tanto, el diputado Mejía Berdeja explicó que el dictamen busca adecuar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque el mecanismo ya no es designación sino elección de jueces y magistrados; “es una armonización, ya es derecho positivo y se debe reflejar esta nueva circunstancia jurídica”.
La diputada García García, promovente de la iniciativa, mencionó que el objetivo es armonizar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el nuevo esquema de la elección al Poder Judicial, por lo que “esta modificación va en ese criterio”. La finalidad, subrayó, es cambiar la palabra “designación” por “elección” en el artículo 69 de la Ley antes mencionada.
Esta nueva reforma de elección de jueces y magistrados se da por el voto directo de nuestros ciudadanos, que en ese momento tienen el poder de elegir a quienes los juzgarán, así como lo hacen con el Poder Ejecutivo y Legislativo, respectivamente. Puntualizó que las leyes deben estar armonizadas de conformidad a los nuevos criterios de elección ejercidos en el país.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) dijo que su grupo parlamentario no puede acompañar el dictamen, aun cuando se sabe que es noble la intención de homologar lo que dicta la Ley General de Transparencia. “Debemos ser coherentes y congruentes con lo que hemos pensado de ese proceso de selección del Poder Judicial. No estamos todavía de acuerdo”.
El diputado Polanco Morales señaló que sin un marco jurídico de transparencia y acceso a la información no será posible avanzar hacia la creación de un sistema de justicia eficiente y acorde a las necesidades del país; por ello, anunció su respaldo a la iniciativa.
A su vez, la diputada Reyes De la Torre indicó que el propósito de la promovente es noble al intentar resolver una incongruencia que está en la Ley, ya que los jueces ya no son designados sino electos, pero “no queremos dar un voto a favor que haga pensar que estamos apoyando la reforma en materia del Poder Judicial; por ende, daremos el voto en abstención porque creemos que se deben dar las correcciones”.