El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de extinguir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cámara avaló el proyecto en lo general con 73 votos a favor y 34 en contra; en lo particular, senadores del PAN, PRI y MC presentaron reservas para modificar diversos artículos, pero no fueron aceptadas por la asamblea, por lo que los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen con 71 votos a favor y 34 en contra, por lo que fue remitido al Ejecutivo Federal.
Desde tribuna, la presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, señaló que esta reforma obedece a un mandato constitucional en materia de simplificación orgánica, para extinguir los organismos autónomos, entre los cuales se encuentra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Afirmó que, por lo anterior, el dictamen para reformar a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objetivo extinguir al CONEVAL y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pues para combatir la pobreza se debe medir, estudiar sus causas, para, a su vez, hacer ajustes y reducir las brechas de desigualdad.
Chávez Treviño indicó que, aunque hay personas que trabajan todos los días, no pueden salir de la pobreza y eso es por la desigualdad.
Por ello, se transfiere el “magnífico” trabajo que desarrolla el CONEVAL, pues éste último no levanta en territorio los datos, sino que analiza y procesa lo que produce el INEGI, de manera que lo idóneo es que se trabaje en conjunto, además de que el INEGI es 50 veces más grande que el CONEVAL, lo que permitiría tener ahorros y trasladar más recursos a los programas sociales que combaten la pobreza.
La senadora Amalia García Medina, de MC, indicó que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, sino que requiere de medición y evaluación, de una visión de Estado, con políticas públicas consistentes y con instituciones capacitadas, por lo que “lamentamos” la extinción del CONEVAL, porque si bien el INEGI es una buena institución, “no tiene las condiciones” para realizar la tarea del organismo que hoy es “desmantelado”.
Por el PT, Lizeth Sánchez García, asentó que la medición de la pobreza no es una tarea aislada ni un mero ejercicio estadístico, sino una herramienta de justicia y una brújula que le permite al Estado identificar dónde están las brechas, y el INEGI puede desempeñar esa labor.
Por otra parte, desdeñó las actividades del CONEVAL, pues “no servía al pueblo, sino así mismo”, lo que llevó a que la pobreza se volviera un dato “manipulable”, una cifra sin rostro y un discurso sin acciones de fondo.
Ruth González Silva, del PVEM, refirió que la función pública está llamada a una modernización, es decir, que las instituciones no pueden permanecer inmóviles, de manera que transferir las funciones del CONEVAL al INEGI, permite no solo evitar que se dupliquen funciones, sino también, racionalidad en los recursos. Eso no significa que no se reconozca la labor del CONEVAL, por el contrario, lo reivindica al trasladar sus funciones al INEGI, institución que es autónoma, señaló.
Del PRI, Ángel García Yáñez, sostuvo que el dictamen a discusión es un “grave retroceso” institucional, pues la extinción del CONEVAL es con la intención de “silenciar” la identificación y medición de la pobreza, pues la información que evaluaba era objetiva, “y no como los otros datos que siempre tienen el oficialismo”. En resumen, su desaparición obedece a “ocurrencias y caprichos políticos”, pues la política social no es un botón electoral, es un compromiso de Estado, sentenció.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, aseveró que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que esta reforma es un acto “descarado” de opacidad, pues pretenden extinguir al CONEVAL, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, toda vez que los órganos autónomos son para este gobierno “obstáculos”, pues “aborrecen la transparencia y abrazan la corrupción”, cuando el CONEVAL permite resultados reales.
De Morena, Simey Olvera Bautista, refirió que Morena no requiere de utilizar a la “pobreza para votos”, pues de ser así, los programas no serían universales ni pedirían el voto al pueblo, de tal suerte que los programas sociales son tan libres como el pueblo, aunque lo cierto es que la reforma es parte del Plan C, “menos burocracia y más eficacia”, porque si bien el CONEVAL fue creado con buenas intenciones, se atrapó en la lógica de la simulación tecnocrática; “no queremos ya más elefantes blancos” para justificar la inacción burocrática, agregó.
Durante el debate fueron desechadas siete reservas presentadas por las senadoras y senadores del PAN, David Novoa Toscano, Susana Zatarain García, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y Mario Humberto Vázquez Robles; por el PRI, la senadora Edna Geraldina García Gordillo, y de MC, las senadoras Tabita Ortiz Hernández y Amalia García Medina.