El Senado de la República aprobó este 19 de noviembre de 2025 la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con modificaciones clave que refuerzan el combate a este delito.
Con 110 votos a favor, el dictamen fue avalado en lo general y posteriormente en lo particular con 95 apoyos y 12 en contra. Entre las revisiones, se realizaron alrededor de 20 cambios a 15 artículos y se añadió un artículo transitorio, señaló el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.
Entre las principales modificaciones se incluyen:
Aumento de penas: la sanción mínima por extorsión sube de 6 a 15 años, y la máxima de 15 a 25 años.
Sanciones para servidores públicos: quienes, teniendo funciones en investigación, custodia o impartición de justicia, omitan denunciar extorsiones podrían ser condenados de 10 a 20 años.
Control en prisiones: se penaliza con 6 a 12 años de prisión la introducción de dispositivos electrónicos (celulares, radios, sistemas de geolocalización) en centros penitenciarios sin autorización.
Fortalecimiento institucional: las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas —policías, fiscales y analistas certificados— para investigar extorsión.
Recursos para víctimas: los activos decomisados por extorsión se destinarán prioritariamente para la reparación del daño a las víctimas.
Perspectiva de género: el texto incorpora disposiciones para asegurar un enfoque sensible a las víctimas desde una perspectiva de género.
No obstante, algunas voces han puesto en duda la efectividad real de la ley. La senadora Mayuli Martínez (PAN) advirtió que “sin presupuesto y capacidad real para aplicar la ley (…) se va a quedar nada más en buenas intenciones”. Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía planteó que el gran reto es “acabar con la impunidad”, y recalcó la necesidad de recursos para proteger a víctimas y testigos.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen será devuelto a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.