Las Comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos aprobaron un nuevo dictamen para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los órganos legislativos que presiden los senadores José Antonio Cruz Álvarez Lima, Alejandro Esquer Verdugo y Enrique Inzunza Cázarez, avalaron el proyecto que tiene entre sus objetivos trasladar las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), además de crear la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones.
El documento obtuvo cinco votos a favor, uno en contra y una abstención en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; 13 a favor, uno en contra y una abstención en la de Comunicaciones y Transportes; y 11 a favor, dos en contra y dos abstenciones en la de Estudios Legislativos.
Javier Corral Jurado, quien moderó los conversatorios sobre este tema, subrayó que el dictamen es una rectificación que inició desde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y continuó con las opiniones de 89 ponentes en los cinco conversatorios que realizó el Senado, que se ve reflejada en la redacción del dictamen.
Ante el señalamiento sobre diversas preocupaciones como la creación de un registro de telefonía móvil o la suspensión de transmisiones, el senador aclaró que “no son disposiciones nuevas, sino temas aprobados desde la ley del 2014 por el PRI y el PAN, es decir, hoy están vigentes”.
Destacó que es falso que el nuevo dictamen proponga un registro de telefonía móvil; lo que hace es obligar a los operadores a solicitar una identificación a quienes compren un dispositivo móvil, aclaró. “¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que tengan dispositivos móviles como instrumento del delito?”, cuestionó.
Sobre la suspensión de transmisiones, dijo, es una disposición vigente, y es facultad del Estado proteger el interés público frente a abusos y excesos que incluso están documentados en los grandes concesionarios de la televisión privada en México, “que la han usado como cañón para sus negocios”.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, afirmó que “en atención a voces que reclamaron ser escuchadas y al impulso democrático que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a este cuerpo legislativo, las tres comisiones involucradas y la Junta de Coordinación Política convocaron a un amplio proceso de diálogo”.
En ese sentido, comentó que fue a través de cinco conversatorios públicos, abiertos y plurales en los que participaron expertos, académicos, integrantes de la industria de la radio y la televisión, concesionarios, personas con discapacidad, así como representantes de pueblos indígenas y afromexicanos, que “hoy se cuenta con un documento incluyente, robusto y transparente, que asegura que ningún mexicano quede excluido del acceso al Internet, la comunicación y la información”.
Además, resaltó que se garantizan mecanismos que favorecen a las concesiones de uso social e indígenas, porque les permite comercializar hasta tres por ciento de su tiempo para anunciantes locales, recibir donativos y patrocinios, así como acceder hasta al 10 por ciento del presupuesto destinado a la publicidad oficial.
Álvarez Lima señaló que ante las preocupaciones por el control de contenido se eliminaron del dictamen los artículos que daban algunas atribuciones a la Secretaría de Gobernación y a la ATDT para intervenir en contenido o bloquear plataformas.
También, continuó, se protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, pero sin afectar la libre expresión; se refuerzan los derechos de las audiencias e incorporan mecanismos que aseguren derechos a los usuarios digitales.
El legislador agregó que a los concesionarios se les garantiza certeza jurídica y libre competencia por medio de la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que será responsable de la autorización, regulación, vigilancia y sanción de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Entre algunos puntos relevantes del dictamen, está la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que será un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, que actuará con imparcialidad para dictar resoluciones, y cuyo objeto es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Dicha instancia deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general, necesarias para regular las telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo la emisión de planes técnicos fundamentales, lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación y certificación.
También otorgará las concesiones previstas en esta Ley, resolverá sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, y autorizará cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.
La comisión también podrá imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en las concesiones, autorizaciones y títulos habilitantes o a las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la Comisión; dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación.
Respecto de las atribuciones de la ATDT, indica que será la autoridad encargada de formular y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tendrá las facultades para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a redes e infraestructura.
También se coordinará con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet.
El dictamen propone nuevos mecanismos para la asignación del espectro, entre ellos, esquemas de uso compartido, autorizaciones experimentales, plataformas de gran altitud, entornos de prueba controlados y redes de radiocomunicaciones inteligentes.
También reconoce a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y habilitadores de derechos fundamentales. En ese sentido, la ATDT deberá garantizar un marco regulatorio que fomente la inversión, competencia y eficiencia, asegurando que el acceso a las tecnologías y al internet no sea un privilegio, sino un derecho universal.
Al iniciar la etapa de posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la senadora del PT, Lizeth Sánchez García, comentó que “el resultado es un dictamen que amplía libertades, fortalece derechos y garantiza soberanía digital. Esta reforma no censura ni restringe, sino que asegura la pluralidad y la protección de datos personales”.
Por MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno reconoció que el nuevo dictamen deja fuera medidas alarmantes, ya que reduce de 66 a 14 atribuciones para la ATDT y tiene algunos candados que no contemplaba el anterior.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, subrayó que la censura no tiene cabida en un Estado democrático y en ese sentido recalcó que es imperante la neutralidad de la red en el mercado de las telecomunicaciones, por lo que anunció que presentará una reserva sobre ese tema.
El senador Waldo Fernández González, del PVEM, indicó que esta nueva ley de telecomunicaciones tiene una profunda convicción social y visión de futuro. Es una muestra de poner atención a toda la población y no sólo a unos cuantos, agregó.
Del PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés celebró que de algo sirve la voz de la oposición, porque “pese a no tener los votos para ganar en el tablero sí podemos señalar errores”. No obstante, habló de tres problemas graves: mantener el registro de usuarios de telefonía móvil en el transitorio 30, la geolocalización de las personas sin orden judicial en el artículo 183, y la facultad de suspender transmisiones, alegando el derecho de las audiencias.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, comentó que su Grupo Parlamentario quiere que se analice de manera profunda el dictamen, toda vez que el documento que contiene prácticamente 300 artículos se circuló entre las y los senadores apenas 12 horas antes del inicio de la discusión en las comisiones unidas.
El senador de Morena, Armando Ayala Robles, dijo que el objetivo es que los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión beneficien a toda la población, sin excepciones ni barreras socioeconómicas, que no se concentren los intereses en unos cuantos. Detalló que dentro de los cambios más importantes está la eliminación del artículo 109, que no censuraba, sino que regulaba.
Una vez aprobado el dictamen, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, instruyó a que el documento, junto con los votos particulares y reservas respectivas, se turne a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.