Es bien conocido que nuestro vecino país del norte se ha asumido históricamente como el más grande defensor de las libertades y de la democracia, sistema de gobierno señalado por voces de la política y la academia como el más conveniente para la reproducción del sistema capitalista.
Y en nombre suyo se justificaron invasiones e intervenciones militares, ya de manera disfrazada, como ocurrió en el derrocamiento del Gobierno legítimo de Salvador Allende, ya en forma abierta, como en Afganistán, Yemen, Siria, Irak o Libia.
Y a propósito de las acciones bélicas de Rusia contra Ucrania, en el contexto de causas revindicatorias históricas y geopolíticas, y por lo que corresponde propiamente a nuestro país, volvieron a estar en boga las referencias a las expediciones militares estadounidenses que consiguieron arrancar más de la mitad del territorio mexicano durante el siglo XIX. Esto es una muestra del carácter espinoso que, en no pocas ocasiones, ha tenido la relación bilateral.
Recientemente, a partir de los desafortunados sucesos en que se vieron involucrados varios ciudadanos estadounidenses, las relaciones político-diplomáticas entre ambas naciones vuelven a vivir una etapa álgida. En la coyuntura, y teniendo como antecedente el proyecto legislativo presentado por dos parlamentarios de origen republicano (Dan Crenshaw y Mike Waltz), el pasado 12 de Enero cobró revuelo el debate político-legislativo para designar como terroristas a los carteles mexicanos de la droga.
La denominada Iniciativa AUMF Cartel, o Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia de los carteles mexicanos, buscaría, entre otros objetivos, usar al Ejército estadounidense en contra de aquéllos, ante lo cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció, asegurando que estos legisladores están en contra del país y siempre han perseguido denostar a las y los mexicanos, buscando sacar raja electoral y aprovechar este tipo de situaciones con fines propagandísticos.
La Iniciativa plantea dar permiso al presidente estadounidense Joe Biden para utilizar la fuerza militar, con el fin de combatir extraterritorialmente a los traficantes de Fentanilo, y también para que se use en contra de quienes “lleven a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.
No es la primera ocasión que en el Congreso estadounidense se presenta una Iniciativa de este tipo, pero sí en la que se realiza un perfil criminal de cada uno de los carteles principales que operan en la frontera mexicana con su nación. Menciona nueve: Sinaloa, en primer término; luego, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Zetas, del Noreste, Juárez, Tijuana, los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana.
De ser aprobada, la Iniciativa autorizaría al presidente Joe Biden a utilizar “toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el mandatario determine que violaron la Ley de Sustancias Controladas con respecto al tráfico de Fentanilo hacia Estados Unidos o alguna sustancia relacionada con el Fentanilo”, pero también permitiría actuar cuando esas organizaciones extranjeras o integrantes de las mismas “hayan participado en acciones de fuerza viva contra personal de las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales, tribales
o territoriales de Estados Unidos que operen en el territorio de Estados Unidos o en el extranjero”, especialmente en “un país que tenga frontera común con Estados Unidos o con cualquier otro país del hemisferio occidental”.
La vinculación entre tráfico de drogas y terrorismo que subyace en la Iniciativa es lo verdaderamente explosivo de su contenido. El trasiego de drogas, especialmente de Fentanilo, dejaría de ser un problema de salud pública y de ganancias económicas ilícitas, para convertirse en uno de seguridad nacional y hemisférica.
Lo anterior equipararía en automático a los carteles mexicanos con las organizaciones terroristas fundamentalistas, como Al Qaeda o Isis, permitiendo a las fuerzas militares estadounidenses incursionar de manera directa, sin autorización ni aviso alguno. Una verdadera contravención al sistema internacional de Naciones Unidas y a los instrumentos nacidos del multilateralismo.
La Iniciativa es absolutamente injerencista y contraria al espíritu de colaboración binacional, mediante el cual los Gobiernos mexicano y estadounidense están haciendo frente al problema de la inseguridad y las drogas en ambos países.
Por otro lado, tal situación cae en los extremos contemplados por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también llamada «Convención de Palermo», y que fue aprobada en diciembre de 2000), que marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha contra el flagelo de la delincuencia organizada.
Así, con independencia del carácter de terroristas que se les pueda atribuir o no a los grupos de la delincuencia organizada o cárteles que operan en nuestro país, son este tipo de instrumentos internacionales de los que se debe echar mano para combatir tales problemas mundiales.
Fortaleciendo la cooperación internacional, actuando con eficacia y reforzando las estrategias de seguridad de manera mancomunada entre las naciones involucradas se podrá socavar verdaderamente la capacidad de la delincuencia organizada, salvaguardando con ello la seguridad y la dignidad de los hogares y comunidades.
Lamentablemente, el crimen organizado transnacional atraviesa cada vez más fronteras, gracias a los principios democráticos y de libre mercado que rigen el concierto internacional; sin embargo, lo mismo se debe hacer con la acción o el imperio de la ley. Si este último se ve socavado no sólo en un país, sino en varios, quienes se manifiestan en su defensa no se pueden limitar a emplear medios y arbitrios nacionales, mucho menos otros de carácter injerencista; se debe apelar necesariamente a la cooperación internacional.
Esto aún más cuando en el escenario mundial estamos en presencia de una escalada de tensiones que podría comprometer precisamente el sistema internacional de Naciones Unidas y el multilateralismo que le ha dado cierta estabilidad a la aldea global desde mediados del siglo XX.
En días pasados, China ha elevado algunas acusaciones en contra de Estados Unidos, por presuntamente orquestar la contención y la represión occidental contra el gigante asiático y atizar las tensiones entre ambas potencias globales, advirtiendo del riesgo de un conflicto y de una confrontación. Esta situación se torna aún más compleja, tomando en cuenta el escenario de guerra que se vive en Europa del Este.
No hay duda de que nuestro Gobierno debe reforzar las estrategias de seguridad y cooperación internacional contra el tráfico de drogas, especialmente de Fentanilo, pero también tiene que alzar la voz para denunciar toda tentación injerencista, intrusiva e invasiva de quienes, en forma unilateral, se consideran guardianes soberanos del mundo.
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