Por: Ricardo Monreal Avila
Hace días, con motivo del 107 aniversario del derrocamiento y asesinato de Francisco I. Madero, surgieron comentarios en torno a las posibilidades de que eventualmente se repitiera un hecho similar en el escenario político actual.
Derivado de ello, es pertinente reflexionar respecto a las similitudes y diferencias -advirtiendo de los riesgos de incurrir en anacronismos- entre el proceso que llevó a Madero al poder hace más de un siglo y la victoria en las urnas que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República en 2018.
De inicio, es preciso considerar que la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia devino no sólo de un proceso armado, sino de una serie de situaciones que en su conjunto hicieron insostenible el régimen porfiriano.
Se trató de una crisis de legitimidad que experimentó el dictador en el ámbito de la vida pública del México de entonces, que en la parte estructural intentaba negar o invisibilizar las rupturas en el orden social, producto de la exacerbada desigualdad que, al agravarse, sirvió como aliciente al llamado a las armas convocado por Madero el 20 de noviembre de 1910.
Madero gozó del apoyo de diferentes facciones revolucionarias que lo reconocieron como paladín de la justicia social; el propósito de muchas de ellas, la zapatista como ejemplo claro, era lograr el derrocamiento de Díaz, para que el nuevo gobierno cumpliera las promesas del Plan de San Luis, bandera del maderismo, y con ello lograr una considerable mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Madero pasó por alto que el gran reclamo social no estaba centrado únicamente en lograr la democratización del país: la apertura de la vida política institucional era necesaria para sentar las bases de una profunda transformación del Estado mexicano, pero por sí sola no podía garantizar una paz duradera, al menos hasta que las amplias demandas sociales fueran satisfechas.
Uno de los desatinos de Madero fue considerar que la implementación de un régimen político democrático solucionaría per se los problemas de una población relegada al semiesclavismo y al atraso, a merced de una cúpula política y económica que durante años ensanchó la brecha de desigualdad, ampliando considerablemente sus privilegios en detrimento de las mayorías.
Además, ante la necesidad de institucionalizar el movimiento social que lo llevó al poder, Madero intentó regularizar a los grupos beligerantes; inicialmente hizo un llamado a deponer las armas, primero por la vía pacífica y, cuando le espetaron su falta de compromiso para cumplir con el Plan de San Luis, ordenó la persecución de los grupos que le ayudaron a ascender a la posición política más importante de la nación.
Otro error de Madero fue su falta de visión para reformar las instituciones estratégicas del Estado mexicano, las cuales continuaron bajo el mando de personajes eminentemente porfirianos, lo cual propició un clima de ingobernabilidad, la traición, la celada y su eventual asesinato.
El contexto económico, político y social del ascenso y ocaso del maderismo es muy distinto al que vivimos hoy con la llegada al poder de un gobierno electo democráticamente por voluntad popular en el proceso electoral de 2019.
La administración del actual presidente no tiene como precedente un movimiento armado de grandes proporciones, lo cual es una diferencia sustancial que impide establecer un punto de comparación entre ambos regímenes.
Por otra parte, si bien el clima político y social de hoy dista mucho del que precedió al movimiento revolucionario de principios del siglo pasado, y a pesar de que las administraciones que antecedieron al gobierno actual estaban hundidas en la corrupción y el nepotismo, el régimen de nuestro país no era propiamente una dictadura, como el porfiriato.
No obstante, la desigualdad y la falta de oportunidades, así como el empobrecimiento feroz de los sectores sociales menos favorecidos sí derivaron paulatinamente en el preocupante clima de violencia que ha sacudido a nuestro país desde el año 2006.
La corrupción en todos los niveles de gobierno fue determinante para que las brechas de desigualdad en el país se ampliaran exponencialmente y, junto a ello, que las organizaciones criminales penetraran por completo las instituciones del Estado mexicano.
Pero, a pesar de la precariedad y de las difíciles condiciones de existencia de muchas familias mexicanas, el país no enfrenta y no enfrentará en el futuro inmediato una crisis institucional estatal como la que puso en jaque al gobierno porfiriano.
Prueba de ello es la gran participación ciudadana que se registró en las urnas el 1 de julio de 2018 y el amplio margen con el cual fue electo el presidente constitucional de nuestro país, quien, además, a inicios de este 2020 cuenta con una amplia aprobación del 70 por ciento entre la ciudadanía mexicana. Así, su administración goza de una legitimidad no vista desde hace mucho tiempo.
A diferencia de Madero, el actual presidente ha entendido cabalmente que no sólo se trata de democratizar al país y acabar con la corrupción, sino que resulta impostergable la puntual atención de las demandas de justicia social, y por ello las políticas públicas del gobierno están orientadas a atender las necesidades de los sectores sociales más golpeados por el neoliberalismo, los cuales, hasta hace un sexenio, fueron totalmente ignorados por la tecnocracia apostada en el poder.
El actual gobierno ha enarbolado la figura de Madero por tratarse de un personaje, cuyos ideales democráticos aún están vigentes. La vena del maderismo en la 4T se expresa en la aprobación de la reforma electoral: cualquier tipo de fraude en los comicios se considera como delito grave; asimismo, la reforma abre el abanico de la participación ciudadana para la consolidación de una democracia sustancial, a través de la implementación del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato.
Para complementar el carácter democrático de esta reforma, el presidente cerró la posibilidad de la reelección y, en congruencia con ello, será el primer titular del Ejecutivo de la historia nacional en someterse al ejercicio de ratificación/revocación de mandato, el cual se llevaría a cabo en marzo de 2022, bajo la organización y supervisión de los órganos electorales autónomos.
El maderismo y la 4T comparten el compromiso y la brega por elevar los índices democráticos del país. Ideales que, en la actualidad, se están llevando a la práctica.
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