La alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva para apoyar a las comunidades inmigrantes de Los Ángeles y confrontar las recientes redadas ordenadas por el presidente Donald Trump, que han provocado miedo e incertidumbre.
La orden instruye a los Departamentos de la ciudad a reforzar sus protocolos y capacitaciones para prepararse ante cualquier actividad migratoria federal en propiedades de la ciudad, y a ampliar los recursos disponibles para las familias afectadas.
En una conferencia de prensa en el histórico El Pueblo de Los Ángeles, lugar de nacimiento de la ciudad, Bass declaró que también se exigirá información a las agencias federales sobre estas redadas ilegales.
Todos los recursos para apoyar a migrantes
“Somos una ciudad orgullosa de inmigrantes, y con esta administración federal dando señales de que intensificará su enfoque caótico, usaremos todos los recursos y herramientas disponibles dentro de la ciudad para apoyar a las comunidades inmigrantes”, dijo la alcaldesa.
Añadió que nunca aceptará estas redadas ilegales y que seguirá haciendo todo lo que esté en sus manos para defender los derechos del pueblo de Los Ángeles.
A principios de esta semana, la alcaldesa Bass anunció que la ciudad demandará a la Administración de Trump para detener estas redadas inconstitucionales e irresponsables en la región de Los Ángeles.
La medida se adoptó luego de que agentes federales marcharan por el Parque MacArthur y vehículos militarizados se desplegaran en las calles, en medio de decenas de niños asistían a campamentos de verano, con el aparente propósito de sembrar miedo en Los Ángeles.
Respeto a la ordenanza de ciudad santuario
En la orden ejecutiva emitida este viernes por Bass exige que todos los departamentos refuercen sus protocolos y capacitaciones de acuerdo con la ordenanza de ciudad santuario, y presenten planes de preparación dentro de dos semanas.
Además, establece un grupo de trabajo con el Departamento de Policía y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Los Ángeles, organizaciones pro derechos de inmigrantes y líderes comunitarios, para recolectar comentarios y formular guías adicionales oficiales para responder a actividades de aplicación migratoria.
Cabe recordar que la ordenanza de ciudad santuario prohíbe el uso de recursos municipales —incluyendo propiedades y personal— para la aplicación de la ley migratoria o para cooperar con agentes federales de inmigración involucrados en dicha tarea.
La orden exige información clave al gobierno federal, incluyendo las razones de las detenciones durante redadas ilegales y los costos asociados a esas operaciones.
También amplía el acceso a recursos por parte de departamentos municipales para familias inmigrantes, utilizando los enlaces designados de Asuntos de Inmigrantes en cada departamento.